Consejo de la Judicatura calcula que $ 6 millones costaría la implementación de los nuevos jueces constitucionales aprobada en la consulta popular

Una vez que se publiquen los resultados de la consulta popular y referéndum en el Registro Oficial, emperezará a correr el plazo de un año para que el Consejo de la Judicatura (CJ) organice el concurso de méritos y oposición para designar a las y los jueces constitucionales especializados tanto de primera instancia como los que integrarán las salas especializadas de lo constitucional de las cortes provinciales. Tal y como se aprobó en las urnas el pasado 21 de abril con el triunfo del sí en la pregunta C.

Estos nuevos jueces resolverán acciones de protección, habeas corpus, habeas data, pedidos de acceso a la información pública y de medidas cautelares. No está claro aún cuántos serán los que se sumarán a los 1.946 jueces que actualmente están en funciones en todos los niveles (nacionales, primera y segunda instancia, y otros). No obstante, el concurso seguirá todas las reglas, etapas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial y las y los jueces nombrados formarán parte de la carrera judicial y gozarán, conforme la Constitución y la ley, de la estabilidad de la que gozan todos los jueces, y se someterán al control, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura.

Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, comenta que desde que la Corte Constitucional dio luz verde a la pregunta, él mismo dispuso al director de Innovación y al de Gestión Procesal de la institución que se realicen todos los estudios para la eventual incorporación de nuevos jueces, aunque de manera personal no estaba a favor.

El costo que tendría que implementar todo este sistema de nuevos jueces constitucionales, dice Román que sería de alrededor de $ 6 millones, fuera de los salarios que van a recibir los jueces mensualmente ya que implica la contratación de secretarios y funcionarios, compra de mobiliario y contar con la infraestructura para ubicar a estos magistrados.

Según el anexo, “el Ministerio de Economía y Finanzas deberá destinar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mandato popular, de acuerdo con los requerimientos técnicos y financieros que realice el Consejo de la Judicatura”.

“Nosotros tenemos hecho el estudio... esperábamos que no gane la pregunta porque no se justifica la creación de nuevos jueces. Solamente se presentan 25.000 acciones jurisdiccionales al año. Es una carga laboral muy pequeña y tener jueces y cortes provinciales para eso es económicamente grande”, menciona.

Consejo de la Judicatura elaboró estudio antes de la consulta popular

Román pone de ejemplo territorios donde se presentan de una a diez acciones constitucionales al año y cuestiona que, debido a lo que se aprobó las urnas, se tendrá que cancelar un salario de $ 4.000 a un juez que solo va a conocer ese número de causas en todo el año. Asimismo, dice que los jueces provinciales tendrán salarios superiores a los $ 5.000 y tampoco tendrían mayores acciones que resolver ni una carga laboral pesada.

El espacio físico para ubicar a estos jueces dice Román que es otro aspecto que le preocupa, al igual que la definición de si estas unidades serán dispersas o se terminarán centralizando. Si se da esto último, menciona que podría terminar siendo un problema para la atención de los ciudadanos ya que actualmente estas acciones constitucionales se presentan en cualquier juzgado.

Por ser jueces constitucionales los que van a elegirse, el presidente del CJ dice la Corte constitucional debería involucrarse en el proceso. Asimismo, subraya que aunque en los anexos se establecieron los parámetros de estos cambios, estos podrían terminar de implementarse con ciertas diferencias, pero respetando el mandato popular.

Pablo Alarcón, constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, coincide con Román en que se debe evaluar el “grado de litigiosidad y población de cada cantón” para decidir el número de jueces. Asimismo, en que sería necesaria la participación de la CC para que estos nuevos jueces y estas nuevas salas sean parte del sistema de administración de justicia constitucional, encabezado por la Corte.

No obstante, aunque esto no se planteó así, el catedrático menciona que sí es necesario que el CJ coordine con la Corte para que pueda aportar con su conocimiento de esta materia desde el mismo concurso, requisitos y demás.

“La Corte Constitucional debe participar, los colegios de abogados también deben participar para que esto llegue a buen término. La Presidencia de la República de seguro debe tener un plan para que el dinero que se necesita para implementar el mandato no sea un impedimento”, dice y coincide con Román en todo el despliegue de personal que se necesitará.

Mientras André Benavides, abogado constitucionalista, difiere ya que dice que no sería viable en ningún caso ya que la atribución constitucional para hacer estos concursos la tiene el Consejo de la Judicatura.

Sobre el concurso, coincide con Román en que es necesario revisar cuáles son las judicaturas o cuáles son los cantones donde se presentan más acciones de protección o se utilizan estas garantías jurisdiccionales. Dice que es muy probable que exista casos en los cuales se requiera más de un juzgado como en Quito, Guayaquil y otras ciudades principales.

Asimismo, considera que esa revisión es necesaria porque habrá casos en donde no se presenta casi nunca ninguna de estas acciones y que instalar un juzgado especializado sería innecesario.

Nuevos jueces deben ser ‘probos y expertos en derecho constitucional’

En cuanto al perfil de estos jueces, Benavides comenta que un requisito mínimo deberá ser que tengan experiencia en la judicatura, es decir que hayan sido jueces o funcionarios judiciales. Al igual que una maestría o especialización en derecho constitucional.

“Para el perfil de estos jueces será necesario también que se demuestre en efecto que tienen conocimientos en la materia porque muchas veces pueden tener la maestría y la especialidad, pero nunca han presentado una acción de protección o han resuelto una de ellas”, refiere y dice esto debe ir en paralelo a los temas de méritos y oposición y las pruebas en las que evidentemente se deberá garantizar transparencia.

Aunque los ecuatorianos ya decidieron en las urnas dar luz verde a estos nuevos jueces, Benavides considera que más bien era necesario “dotar de mayor capacitación y preparación a los jueces que actualmente están en funciones” y que dice la modificación constitucional se la planteó realmente no a partir de una necesidad ciudadana sino a de casos de corrupción en los cuales se ha abusado de las garantías jurisdiccionales.

“Estas judicaturas constitucionales, además de evitar el abuso de los mecanismos constitucionales, la desvalorización, el tema de la corrupción, yo creo que van a ayudar a resolver un problema que le pasa al ciudadano común, al ciudadano de pie que muchas veces va a la justicia constitucional y tiene una respuesta negativa por varios factores: porque el juez no conoce de la materia, es ignorante, es facilista y prefiere negarla que hacer una sentencia de cero o incluso por estos temas de corrupción”, apunta.

Por su parte, Alarcón dice que los nueves jueces tendrán que librar al sistema del abuso y desnaturalización asumiendo el rol de juez activo y garante de los derechos y que para lograrlo deberán conocer todos los instrumentos legales y marcos jurídicos y los precedentes que ya ha dejado en claro la Corte Constitucional.

“Los nuevos jueces deberán cumplir un perfil que denote experiencia y dominio académico en la materia para que puedan convertirse en protagonistas y ser quienes resguardarán la Constitución y al sistema de garantías jurisdiccionales para evitar lo que ya hemos visto lamentablemente lo que ocurre en el país”.

Además de la experiencia y la academia, Alarcón dice que será necesario evaluar la probidad de los nuevos jueces y que tenga un valor importante y que estos jueces cumplan con respecto a la cultura de la legalidad. Al igual que mantener esa probidad cuando ya estén en funciones.

“No podemos limitarnos a exigir jueces conocedores de la materia, si nos fijamos en los casos Metástasis, Purga, Plaga, varios de los jueces lo que menos eran era desconocedores de las garantías del derecho, más bien conocían mucho y desnaturalizaron el sistema a partir de sus conocimientos”, subraya

Alarcón reitera que toda la ciudadanía debe estar pendiente de que el mandato se cumpla correctamente y de quiénes serán estos nuevos jueces. Considera que es la “última oportunidad para reencausar a las garantías jurisdiccionales” y que sirvan realmente para lo que fueron pensadas.

En tanto, mientras corre el plazo y se elige a los nueves jueces, todas estas acciones de garantía jurisdiccional que se estén sustanciando y que se presenten en ese lapso seguirán las reglas de competencia que estaban vigentes hasta antes de la publicación de las reformas a esta ley.

Una vez nombrados los jueces constitucionales especializados, todas las acciones de garantía jurisdiccional que, a la fecha de su posesión en el cargo, hayan estado siendo resueltas por otros jueces deberán concluir con las reglas procesales con las que se iniciaron y en conocimiento de los jueces que las hayan estado resolviendo, incluyendo la etapa de ejecución, en los casos que corresponda. (I)