No se cumple con rehabilitación social en cárceles del país, dicen dos defensores de Derechos Humanos

Hacinamiento y falta de rehabilitación social son dos de los problemas que tienen las cárceles en Ecuador. Falta una política carcelaria clara que se enfoque en la rehabilitación, sostienen expertos en defensa de los derechos ciudadanos.

El sistema penitenciario alista la reapertura de la prisión conocida en sus inicios como La Roca y que ahora se llamará Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas nº. 3. Ahí irán los líderes de las bandas y los delincuentes más peligrosos, según lo anunciado por autoridades carcelarias hasta el momento.

Este jueves se espera que se dé paso a su reapertura oficial, pues todo está ya listo, se dijo.

Aquí dos opiniones sobre parte de los problemas en las prisiones del país.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos:

'La Roca fue un fracaso absoluto; la obligación del Estado es devolverlos con rehabilitación, pero aquello no se cumple'

"Ingresamos a La Roca (2010 y por última vez) con una delegación y pudimos darnos cuenta de las condiciones de absoluta vigilancia, cámaras por doquier, el tipo de celdas, dos por dos, y esta figura de panóptico con patio central. El panel de control era de altísima tecnología.

Y mientras estábamos ahí se lanzó una lata de gas lacrimógeno en el interior de ese espacio cerrado, lo vivimos. Pudimos identificar la ausencia de acceso a los patios, una de las cosas más graves. La población de La Roca no tenía acceso a los patios, a la luz, permanecía constantemente bajo techo y con luz artificial. Luego ya se impidió totalmente el ingreso (gobierno de Rafael Correa, aunque la medida sigue).

Hemos leído y escuchado nuevamente la reactivación de esa fallida respuesta dada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno en concreto a través de La Roca, a propósito de la inseguridad, inseguridad que en ese entonces, hace diez años, presentaba más o menos los mismos síntomas que en 2020, crimen organizado, ingreso ilícito de sustancias y armas a las cárceles, extorsión y el fenómeno del sicariato -que en ese entonces se lo negaba por parte de las autoridades- en ascenso, que refleja una incapacidad.

Lo que está detrás de estos anuncios es una clara y documentada incapacidad del Estado y del Gobierno para brindar seguridad ciudadana a la población, especialmente a la más pobre.

Esa condición de aislamiento provocó una agudización del comercio ilícito que nunca se impidió, se siguieron ingresando armas y sustancias a La Roca (y con precios más caros).

La violencia en el interior de La Roca, siendo cárcel de máxima seguridad, tampoco se evitó ni el fenómeno del sicariato afuera. Fue un fracaso absoluto. Hay dos cosas que creería que valen tomar en cuenta.

La primera, la necesidad de contar con un régimen de clasificación según el delito cometido, que hasta donde sabemos se ha flexibilizado, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, ahí más bien la condición económica es la que separa a la población privada de la libertad.

Las autoridades carcelarias tienen que darnos cuenta, mostrarnos si en la Penitenciaría, hablando solo de las cárceles de Guayaquil, se siguen clasificando a los internos, dónde están, cuántos están en cada categoría.

Sobre la cárcel poco se sabe y eso desde el Gobierno anterior, lo máximo que ha se logrado es conocer el incremento de la población carcelaria en números gruesos. En el 2012 cuando existía La Roca estábamos como en 9.000 privados de la libertad en Ecuador, pero al 2020 tenemos 40.000. Otra cosa importante es que la cárcel Regional (Zonal 8) está bastante descongestionada en relación con la Penitenciaría.

Esa es una explicación que habría que dar, en vez de pensar en habilitar otra, démosle mejor uso a la Regional. Proceso de capacitación, de rehabilitación.

Hay una necesidad primero de abrir esa información para que la sociedad se acerque a la cárcel, no debemos darle la espalda porque es una amenaza, ya vemos lo que nos está pasando con relación al crimen organizado y en la incapacidad del Estado para controlarlo, desmontarlo.

Lo que cabe ahí es diversificar las miradas..., la obligación del Estado es devolvérnoslos con rehabilitación, para eso está constituido todo el sistema carcelario y obviamente para desmontar el crimen organizado y eso se logra con trabajo de inteligencia muy profesional que la Policía lo sabe hacer, la Policía tiene la capacidad para enfrentar a esto. Hay que fortalecer a esos instrumentos que son altamente profesionales para desmontar ese crimen y tiene que estar aparejado con la administración de justicia".

Freddy Carrión, defensor del Pueblo de Ecuador:

‘No está funcionando la rehabilitación social; el 77% de los que salen vuelven a delinquir’

"La rehabilitación no está funcionando (es otro de los problemas). Es imposible que funcione cuando el 77%, aproximadamente, de los que salen de las cárceles vuelven a delinquir, presentan una serie de antecedentes penales, y eso demuestra una lógica en donde no hay un sistema de rehabilitación social.

Los estados de excepción que se llegaron a determinar en el 2019 y en este 2020 para tratar de atender una emergencia supuestamente de seguridad, involucra la participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, todos a nivel del anillo exterior de seguridad. En el interior siguen los agentes de seguridad penitenciaria.

En ese sentido, aquí el problema básico, fundamental, es que no tenemos una política carcelaria que tenga definido cuáles van a hacer los objetivos de la rehabilitación social, de determinar inclusive formas de vinculación de los distintos ministerios que tienen que ver con la rehabilitación como Ministerio de Trabajo, de Deportes, de Cultura, el MIES, Salud, con la intención de generar programas de reinserción y de rehabilitación social". (I)