Si bien la participación ciudadana en la gestión pública no es un tema nuevo, en la práctica aún hay desconocimiento de los mecanismos establecidos en el marco legal para garantizar el ejercicio de este derecho.

Aquello fue identificado por un grupo de estudiantes del programa Liderazgo y Políticas Públicas de la Universidad Casa Grande, que se inició en abril y culminará a fines de mes. Se trata de un espacio gratuito de educación para la comunidad dirigido a diferentes actores de la sociedad civil.

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Este es el segundo año consecutivo que se realiza el programa en alianza con National Endowment for Democracy (NED). Las jornadas de capacitación se desarrollan los sábados de 09:00 a 13:00, y en esta ocasión los beneficiarios fueron 50 participantes de 300 inscritos, indicó Jéssica Quintana, directora general de responsabilidad social y vinculación con la comunidad.

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Producto de este proceso compuesto por seis módulos se desarrollaron siete trabajos, entre ellos, el de participación ciudadana en Guayaquil realizado por Clara Carrillo, José Álvarez, Jorge Baque, Julio Goya, Rosita Tamayo y Manuel Narváez.

El grupo hizo, entre otras cosas, un sondeo a 100 personas de 15 años en adelante, siendo el rango de 36 a 45 el mayoritario.

Los cinco mecanismos de participación y control social más conocidos entre los consultados son la rendición de cuentas (56 %), audiencias públicas (41 %), asambleas cantonales (40 %), observatorios o veedurías (39 %) y la silla vacía (26 %).

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Otras opciones como el cabildo abierto (16 %), presupuestos participativos (17 %) y consejos consultivos (20 %) figuran entre los mecanismos de los que menos referencia tienen los encuestados.

A pesar de que la rendición de cuentas es el medio del que más información tienen los ciudadanos que fueron parte del sondeo, la mayoría no ha participado en este mecanismo, por tanto, desconoce por ejemplo en qué momento pedir alguna aclaración, apelación o especificación, comentó Clara Carrillo, quien tiene una maestría en Comunicación con Mención en Políticas de Desarrollo Social por la Universidad de Guayaquil.

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“Es curioso que exista ese mecanismo, que existan quienes lo ejecuten, quienes se sientan como interpelados, pero que al mismo tiempo no haya un efectivo desarrollo de dicho proceso o de dicho mecanismo. De parte y parte (autoridades y ciudadanía) no se lleva con eficacia o efectividad”, refirió ella.

Vigente desde abril del 2010, el país tiene una Ley Orgánica de Participación Ciudadana que va a tono con los principios establecidos en la Constitución del 2008 y en la que se establecen todos estos mecanismos y opciones de organización de la sociedad civil.

En esta edición del programa Liderazgo y Políticas Públicas se inscribieron 300 personas y se seleccionó a 50, a base de diversos criterios. Foto: Cortesía de estudiantes. Foto: El Universo

Del sondeo realizado por los estudiantes también se desprende que la mayoría ha accedido a los mecanismos de participación, que la principal motivación para hacerlo es la defensa de derechos y que la corrupción es el factor que incide en el desinterés hacia esta facultad. De ahí que el 95 % de los consultados son partidarios de implementar la participación ciudadana en el pénsum académico de escuelas, colegios y universidades.

A más de la recolección de estos datos, con ayuda de profesionales del derecho, consultores sociales y de personas vinculadas con el activismo ciudadano y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) el grupo de trabajo hizo un análisis de la ordenanza que regula el sistema de participación en la urbe porteña, vigente desde octubre del 2011.

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De esa revisión, los estudiantes plantearon ajustes o reformas en 9 de los 36 artículos de dicha normativa, pues consideran que hay cuestiones semánticas y de otra índole que pueden transparentarse.

Por ejemplo, en lo relacionado con las sesiones de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil convocadas por la alcaldesa proponen que para garantizar la comparecencia de todos los actores, el llamado sea publicado en los medios de comunicación.

“Se necesita que haya campañas informativas, socialización con funcionarios y autoridades, alianzas con los medios de comunicación tradicional y universidades para abarcar de forma más integrada la propuesta, desde el análisis hasta la implementación de la misma”, escribieron los estudiantes en un documento elaborado a manera de informe que presentarán en el marco del programa de educación para la comunidad.

Con la propuesta ellos apuntan a fortalecer la participación ciudadana en Guayaquil y creen que su planteamiento es pertinente considerando que el próximo año se iniciará un nuevo periodo en la administración de la ciudad independientemente de quién asuma el mando de la Alcaldía por otros cuatro años.

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El pasado 13 de septiembre los estudiantes solicitaron reunirse con la alcaldesa Cynthia Viteri con el propósito de explicarle su propuesta a base del trabajo de investigación realizado. Esta es la última etapa dentro del programa Liderazgo y Políticas Públicas que la Universidad Casa Grande prevé desarrollar el próximo año también.

“Ahora están en un momento que es la gestión ante los organismos públicos y la comparecencia ante medios de comunicación, porque los procesos de políticas públicas tienen que venir apoyados por la sociedad en su conjunto. Si no generamos ruido es un poco complejo que las autoridades nos escuchen”, explicó Jéssica Quintana, directora general de Responsabilidad social y vinculación con la comunidad del centro superior. (I)