Focalizar los operativos en siete provincias es la estrategia que se prevé aplicar una vez que finalice el estado de excepción que rige desde el 1 de noviembre en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, y que llega a su fin luego de 45 días.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo durante una entrevista radial este martes 13 que en las siete provincias se realizarán operativos especiales y combinados con las Fuerzas Armadas para encontrar puntos críticos.

En esos operativos no solo harán acciones de prevención, sino de búsqueda de organizaciones criminales con más peso en esos sectores.

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Entre las provincias con mayor problemática están Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. También en Pichincha se encuentra Quito con problemas.

Los ciudadanos, aunque las aplauden, aseguran que este tipo de medidas no arrojarán resultados mientras no se hagan cambios en la Función Judicial y se endurezcan las leyes para los líderes e integrantes de organizaciones delictivas.

Casi 700 detenidos en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo durante el estado de excepción

La educadora Malena Rodríguez señala que, si bien se sintió una mínima calma con el toque de queda, aún los esfuerzos que hace el Gobierno son insuficientes. “Está bien focalizar recursos, pero cuando se va a ver la parte de la justicia. Pueden repletar las calles de policías, militares, pero si luego los sueltan no va a servir de nada lo que hagan”, dice.

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Para Rodríguez, sería necesario declarar en emergencia el sistema judicial y hacer un barrido con exámenes especiales a jueces, fiscales y demás miembros de la justicia del país. “No podemos dejar todo el trabajo a la Policía, porque ellos hacen su trabajo hasta donde pueden”, afirma.

Patricio Rosero, quien labora como guardia de seguridad en una empresa privada, afirma que la Policía (por la falta de recursos) está limitada a ejercer una función de guardia privado.

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“Los policías se han encargado de disuadir con palabras o con su presencia, pero de ahí más nada pueden hacer. Una solución sería que liberen el uso de armas para ellos, para que puedan defender y se puedan defender”, anota.

Algunos ciudadanos creen que se debería fortalecer la seguridad en las UPC y equipar a policías. Foto: El Universo

César Benalcázar afirma que se deberían implementar de forma inmediata los planes de seguridad que se hayan elaborado. “A veces no sé qué espera el Gobierno para atacar al crimen, a los carteles. Siempre dicen que están trabajando en planes, pero lo que vemos son solo medidas parche”, dice.

El ciudadano asevera que los anuncios que se dan de focalización de operativos no son algo nuevo y, por lo tanto, no van a rendir resultados.

66 personas han sido asesinadas en los últimos 10 días en Guayaquil; la cifra llega a 1.385 casos en lo que va del año

“Yo me pregunto cuántas veces se han intervenido las provincias de Guayas y Esmeraldas y esto sigue. Los estados de excepción brindan una falsa seguridad, porque uno piensa que durante esos días va a estar protegido, pero sale y le roban, sale y lo matan”, manifiesta Benalcázar.

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Para la economista Leonor Aguirre, se verá un cambio en la ciudad y en el país cuando la Policía esté equipada, cuando las unidades de Policía Comunitaria (UPC) estén arregladas y los vehículos estén operativos en su totalidad. Sin embargo, sí aplaude que se focalicen los recursos a las provincias más conflictivas.

“Cuando veamos que se tienen las armas, sabremos que se puede acudir a la guerra. Mientras tanto, veremos cómo el crimen está mejor preparado que las instituciones del Gobierno”, puntualiza. (I)