La acción constitucional de medidas cautelares propuesta por la ministra de Educación, María Brown, en contra del Municipio de Guayaquil, representado por la alcaldesa Cynthia Viteri, fue negada este viernes por la Unidad Judicial de adolescentes infractores que conoció la causa.

Entre la cartera de Educación y el cabildo existen desacuerdos en torno al regreso voluntario a las clases presenciales en la ciudad.

Basada en la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, la cartera de Educación aspira a que en la urbe porteña se retome la presencialidad en los planteles, ya que la virtualidad tiene limitaciones en el proceso de aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes.

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Criterios divididos en torno a que el Estado use la fuerza pública para garantizar clases presenciales en Guayaquil

Por su parte, el cabildo guayaquileño es partidario de mantener las clases virtuales en la educación, más aún cuando en la ciudad hay muchos contagios de COVID-19 y su variante ómicron.

Gremios como el Colegio de Médicos del Guayas respaldan que no haya clases presenciales, ya que en Guayaquil, según reporte del COE local del 25 de enero, hay 10 niños en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y otros 40 están hospitalizados.

La acción de medidas cautelares es uno de tres recursos legales presentados por el Ministerio en contra del Municipio porteño. Los otros dos son una acción de protección para que se revea la prohibición de clases presenciales y clausura de planteles educativos y también acciones administrativas para impugnar la sanción municipal en los establecimientos fiscales.

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La jueza Lilian Ponce Pisco, de la Unidad Judicial 4 de adolescentes infractores, señaló en la resolución que no se cumple con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que las medidas cautelares proceden cuando el juzgador conoce de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar o viole un derecho.

Ante el fallo judicial, la alcaldesa Viteri reaccionó en su cuenta en Twitter: “La justicia da la razón al Municipio de Guayaquil en relación a clases presenciales. No se suspendió la educación, solo se protegió el derecho a la salud”.

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Mientras la ministra María Brown sostiene que con la clausura de establecimientos educativos (nueve entre el 24 y 28 de enero) que retomen las clases en territorio, dispuesta por el Municipio, se estaría conculcando el derecho a la educación, el Municipio afirma que no hay tal conculcación, pues se mantienen las jornadas virtuales tal como al inicio de la pandemia del COVID-19.

En torno a esta falta de consenso hay especialistas en derecho que sostienen que el anuncio del COE nacional de pedir, a través del Ministerio de Gobierno, la intervención de la fuerza pública para garantizar las clases presenciales en la urbe es inconstitucional.

Asimismo, hay quienes consideran que antes de recurrir a la fuerza pública se debería esperar una resolución sobre los recursos legales solicitados por el Ministerio en su afán de retomar la presencialidad.

Con corte al 20 de enero, según la cartera del ramo, hubo 12.303 planes institucionales de continuidad educativa (PICE) aprobados en el territorio nacional, lo que representa que 1′359.133 estudiantes volverán de a poco a las aulas.

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Este universo, a su vez, equivale al 31,42 % de la población estudiantil total del país.

Y en cuanto a los casos positivos de COVID-19 detectados en los establecimientos educativos, el Ministerio señaló que hay 1,85 % de casos entre docentes y un 0,18 % en los alumnos. De ahí que la ministra Brown sostiene que, según instancias internacionales, los planteles no son sitios donde se concentran los contagios de coronavirus.

Pero en Guayaquil otra de las razones por las que la alcaldesa no es partidaria del retorno a la presencialidad es que algunos establecimientos no tienen la infraestructura adecuada para garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad, como la desinfección permanente de las manos. A ciertos planteles les hacen falta baterías sanitarias.

Sobre el fallo respecto al pedido de medidas cautelares, el Ministerio de Educación señaló a través de un comunicado difundido en Twitter, que la jueza no se ha pronunciado sobre la legalidad o no del cierre de escuelas.

“Hacemos un llamado a la Alcaldía de Guayaquil a poner en primer lugar la educación presencial por sobre otras actividades no esenciales, dándole la prioridad que este derecho humano fundamental merece”, sostuvo la cartera.


En la zona 8 hay 806 PICE aprobados por Ministerio

En la zona 8 de Educación, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, la cartera de Educación ha aprobado 806 planes institucionales de continuidad educativa (PICE) de igual número de instituciones escolares.

Criterios divididos en torno a que el Estado use la fuerza pública para garantizar clases presenciales en Guayaquil

De ese total, 648 son establecimientos del Puerto Principal, donde hasta la semana pasada la Subsecretaría de la zona 8 constató que 392 unidades estaban en clases presenciales.

En cuanto a los PICE aprobados, 90 pertenecen a Durán y 68 a Samborondón. En la primera localidad, hasta la semana pasada hubo 28 planteles que regresaron a las aulas y en la segunda, 52.

En Durán la semana anterior hubo inconvenientes en la escuela de educación básica Nelson Estupiñán, ubicada en la cooperativa Parques de la Herradura, por la IV etapa de El Recreo. El local escolar se inundó y autoridades, padres de familia y docentes participaron en una minga. (I)