Ocho personas fueron vinculadas a la investigación abierta por presunto delito de peculado en convenios de pago para la adquisición de insumos médicos y fármacos del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Todos los procesados, que son extrabajadores de la casa de salud y proveedores, cumplirán medidas alternativas.

En esta investigación, la Fiscalía señaló que el perjuicio al Estado ascendería a $ 11′905.318,25, de acuerdo con un informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría.

En la audiencia de vinculación, desarrollado la mañana de este martes en la Unidad Judicial Sur Valdivia, en Guayaquil, el fiscal Nelson Macías presentó como elementos de convicción el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría del periodo comprendido entre 2015 y 2018, pericias contables y de contratación pública, reportes tributarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), oficio y memorándum de la casa de salud sobre autorizaciones respecto de la suscripción de convenios.

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También se sostuvo la hipótesis de la Fiscalía con el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), certificaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria (Arcsa), las acciones de personal de los funcionarios en los periodos investigados y sus versiones ofrecidas a Fiscalía.

Al finalizar la diligencia, la jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, dictó arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico de vigilancia a Francisco Javier S. J., Janet Alexandra P. O y Judith Josefina A. O.

El resto de cinco procesados también tienen prohibida la salida del país y deberán cumplir otras medidas sustitutivas. Hugo César V. F. y Carlos Augusto L. R deberán usar grillete electrónico, mientras que Javier Rolando V. Ch. deberá guardar arresto domiciliario. En cambio, Raúl Bolívar P. T. y María Rebeca C. E deberán presentarse de manera periódica ante la Fiscalía. Adicionalmente, el penúltimo también usará dispositivo de vigilancia.

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La Fiscalía abrió este proceso investigativo en julio del 2019 y el 14 de mayo pasado procesó a ocho personas, varias de ellas eran extrabajadores del hospital. Ahora, la instrucción fiscal se extenderá 30 días más. (I)