En los tribunales ahora se dirime la situación de expropiación de los terrenos de la antigua maternidad Enrique Sotomayor, sitio donde opera desde el año pasado el hospital Bicentenario, que se habilitó para atender a pacientes afectados con males respiratorios relacionados con el COVID-19.

Simón Bolívar Rosero, excandidato a la Alcaldía de Guayaquil y dueño de la Distribuidora de Tejidos Distelar, compró ese predio en el 2016 a la Junta de Beneficencia de Guayaquil en más de 5 millones de dólares, luego buscó aportar en medio de la emergencia sanitaria con la entrega en comodato del predio en marzo del año pasado al cabildo, entidad que puso en marcha el hospital Bicentenario. En el documento se estableció que cumplido el año del comodato, ambas partes podrían convenir la figura de arriendo por el tiempo que sea necesario. Sin embargo, el 8 de abril pasado, la Alcaldía resolvió declarar ese inmueble de utilidad pública.

Por asuntos relacionados con el pago por la expropiación, este martes 5, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil, el Tribunal Contencioso Administrativo instaló la audiencia referente al tema con representantes legales del Municipio de Guayaquil y la empresa Distelar.

El procurador síndico municipal, Cristian Castelblanco, acudió a la diligencia en representación de la Alcaldía de Guayaquil, y Byron Andrade, abogado, estuvo por parte de la empresa Distelar.

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Luego de varias horas la audiencia fue suspendida y por ahora ambas partes esperan una resolución. A su salida del edificio de la Corte, Castelblanco recordó que este sitio ayudó en la atención sanitaria durante la época más trágica de la pandemia y señaló que se presentó como prueba el certificado de avalúo y catastro del año inmediato anterior al proyecto, donde se establece el valor pagado correspondiente al solar ($ 2,4 millones aproximadamente) y a la edificación (cerca de $ 2,7 millones).

“Un hospital por el cual hemos pagado un justo precio, de acuerdo a lo que establece la Ley, más de 5 millones de dólares, y sin embargo, la (empresa) propietaria requiere que le paguen 22 millones de dólares”, señaló y recordó que la municipalidad invirtió recursos en la pandemia en ese sitio que permanecía inhabitado posterior al cierre de la antigua Enrique Sotomayor.

Actualmente, la casa de salud sigue ofreciendo varios servicios de salud, como emergencia, rayos X, prevención de enfermedades infecciosas, hospitalización para pacientes con COVID-19, entre otros. La continuidad de esos servicios, según Casteblanco, estaría en riesgo de cierre.

Sobre la demanda presentada, Byron Andrade, abogado representante de Distelar, recordó que las entidades públicas tienen la potestad y facultad de expropiar bienes, pero “que la ley establece que se debe garantizar el pago del justo precio a los propietarios”.

Para ello adujo que se aportó la prueba del caso en la audiencia a la espera de la deliberación y pronunciamiento del tribunal. “Básicamente que la ley obliga a actualizar el catastro cada dos años, esto es con respecto al área de terreno y edificaciones. Nosotros presentamos la prueba dentro del juicio, a través del cual desde el año 2017 no se ha actualizado el catastro, presentamos una petición de valoración del predio por la vía legal, ante un notario, y este nombró a un perito nombrado por el Consejo de la Judicatura para que proceda a hacer la evaluación y valoración del predio, ese es un tema técnico, no jurídico. Lo que los peritos determinen el valor, ese es el que corresponde”, declaró el abogado ante los medios.

Por ahora se espera el análisis del Tribunal para que anuncie la decisión. (I)