La Defensoría Pública conformó un comité de crisis para otorgar atención “ágil, oportuna y especializada”, en asesoría y patrocinio legal gratuitos a reos a nivel nacional ante la crisis penitenciaria que vive Ecuador.

Esta entidad dispuso a sus directores provinciales que cumplen sus funciones en zonas donde hay un centro carcelario que prioricen la atención a las personas privadas de libertad que lo requieran debido a la crisis en el sistema penitenciario.

“Si bien la institución no forma parte del Sistema Nacional de Rehabilitación Social continúa tomando acciones, desde sus competencias, para contribuir a la solución de esta problemática”, aclaró esta entidad.

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Este sábado 2, una unidad móvil de la Defensoría Pública comenzó a atender a familiares de las personas privadas de libertad. Este espacio está ubicado en las oficinas de la Policía Judicial, en la avenida Rodríguez Bonín, oeste de la urbe porteña.

En esta unidad móvil, abogados de la Defensoría Pública ofrecerán asesorías y patrocinio jurídico para determinar si algún sentenciado puede aplicar a beneficios penitenciarios como régimen abierto y semiabierto.

En julio pasado, Ángel Torres, defensor público general, expuso diez nudos críticos en el sistema penitenciario del país durante su comparecencia ante la Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

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Sugirió, entre varias alternativas para afrontar el problema carcelario, que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio y que se otorgue a los jueces de garantías penales la potestad para resolver temas de garantías penitenciarias. (I)