La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aspira dejar listo el viernes el informe para segundo y definitivo debate del proyecto urgente sobre incentivos y alianzas estratégicas público-privadas, para que el pleno lo apruebe el próximo martes.

Así lo anunció este jueves la presidenta de la comisión Lídice Larrea quien reveló que el tema de la remisión de los intereses de la deuda que involucra a más de 1.600 empleadores será parte del proyecto urgente, pues a su criterio es un incentivo a los sectores productivos.

En torno a que los incentivos lleguen hacia las áreas estratégicas, Larrea dijo que los sectores estratégicos tienen su propia normativa pero en el proyecto urgente se está “dejando la posibilidad de que en las hidroeléctricas puedan participar en el tema de construcción pero vía Decreto Ejecutivo”.

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Larrea ratificó el texto del proyecto discutido en primer debate sobre la ausencia de los representantes del sector privado e inversionistas extranjeros dentro de Comité Interinstitucional de las Alianzas Público-Privadas, pues dijo que sería inconstitucional su inclusión, porque los regulados no pueden ser juez y parte.

Esa postura fue rechazada por el asambleísta Patricio Donoso (CREO), miembro de la comisión, quien señaló que hay cinco claves para que el proyecto urgente sea viable: la primera tiene relación que se añadan a los incentivos las áreas estratégicas como hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones.

El segundo tema se refiere que las controversias entre el sector público y el privado puedan ser resueltas a través de arbitrajes internacionales; luego está -según Donoso- lo relacionado a la inclusión de un representante del sector privado ante el Comité Interinstitucional de Alianzas Público-Privadas.

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A Donoso le preocupa también que para el segundo debate no se elimine el primer inciso del artículo 8 sobre la atribución que está concediendo al presidente de la República para reformar leyes. Este artículo es inconstitucional, dijo.

Otro de los temas que también reclama el sector de oposición es que no se “resucite”, el impuesto del 2 por mil para las actividades productivas de Guayaquil. (I)