Francisco Alarcón, Pablo Arosemena y Enrique Pita, presidentes de las Cámaras de Industrias, Comercio y de la Construcción de Guayaquil, respectivamente, presentaron esta miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra del Impuesto del 2 x 1000 con el que se grava al capital de las empresas guayaquileñas y que consta en la nueva Ley de Alianza Público-Privada.

Este impuesto, que sostienen les cuesta unos $ 10 millones anuales a los empresarios, fue creado en 1945 para la construcción de la Catedral de Guayaquil y más tarde para el hospital de la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, fue derogado en el 2014 en el Código Monetario, pero se lo ha buscado revivir, a través de la Asamblea, con la Ley conocida como APP.

En este sentido, los tres representantes gremiales pidieron a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el artículo que revive el tributo al que denominaron "Impuesto zombie".

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Francisco Alarcón aseguró que existen empresas a las cuales el impuesto les representa entre $ 45.000 y hasta $ 700.000 al año.  (I)