Exfuncionarios ecuatorianos ofrecían asesoría a contratistas usando empresas offshores

Las revelaciones de los Papeles de Panamá continúan. Dos exfuncionarios públicos usaron firmas domiciliadas en paraísos fiscales, no registradas en sus declaraciones juramentadas de bienes, para ofrecer asesorías a empresas extranjeras en materia de contratación pública.

Ellos son Juan Vinelli Aguirre, que trabajó en la Corporación Financiera Nacional (CFN), y Esteban Uribe Cabrera, que trabajó en El Telégrafo.

Según los Papeles de Panamá, las asesorías se relacionaron con un contrato del Ministerio de Salud Pública (MSP), de $ 60 millones, y con otro de Enfarma EP, valorado en $ 293 millones. Vinelli y Uribe aseguraron a este Diario que esos acuerdos nunca se ejecutaron.

Ambos están citados en el informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que investigó a empleados públicos relacionados con paraísos fiscales. La Comisión encontró que Vinelli y Uribe no incluyeron sus empresas offshore en sus declaraciones patrimoniales de bienes.

Los Papeles de Panamá son la filtración de los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. EL UNIVERSO fue parte del centenar de medios de comunicación del mundo que tuvo acceso a estos archivos.

“Un error involuntario”

Vinelli fue subgerente de Servicios Generales en la CFN entre junio del 2007 y agosto del 2009. Él compró la offshore panameña Magson Portofolio Corp. en marzo del 2009, pero esa inversión no consta en las declaraciones que presentó en mayo y agosto de ese año.

Su abogado, Jean Paúl Egred, señaló que esa omisión fue “un error involuntario”, pues la firma no tiene actividad. Solo ha recibido una transferencia desde Ecuador, de unos $ 20 mil en una cuenta en Panamá, dijo.

De acuerdo con los archivos de MF, se emitieron dos certificados de acciones de Magson: uno para Vinelli por $ 5 mil y otro del mismo valor para Zang Jiayong, entonces representante de la china CETC International en Ecuador.

En junio de 2009, el Ministerio de Defensa (Midena) le compró a esta compañía radares aéreos por $ 60 millones. Cuatro años después, el Midena terminó el contrato, pues los equipos no funcionaron. También demandó a la contratista por $ 180 millones por daños y perjuicios, y por $ 15,74 millones por multas. CETC solicitó que se declare ilegal la terminación del contrato. Ahora las demandas están en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Lea también: Panamá confirma que Galo Chiriboga no tiene cuentas bancarias en ese país, según Fiscalía

Egred indicó que su cliente no participó en el contrato entre el Midena y CETC. Afirmó que la única relación de Vinelli con CETC fue en el 2010, cuando la china le dio un poder para que la represente en una licitación del Ministerio de Transporte, para la compra de instrumentos de navegación aérea. CETC no obtuvo el contrato.

Un contrato confidencial

Zang Jiayong se deshizo de sus acciones en Magson en septiembre de 2014 y la empresa se quedó en manos de Vinelli y sus hijos. El exfuncionario la usó para firmar un contrato con la panameña Biofarma Corporation S.A., en marzo de 2015.

El acuerdo estipula que Magson promoverá la obtención y ejecución de un contrato con la empresa pública Enfarma, para abastecerle de medicinas de difícil acceso. Los honorarios de Magson serían el 16,36% del contrato a conseguir.

Un mes después, Enfarma contrató a Biofarma. El documento no tiene un precio global. Tiene un anexo de 156 productos, con precio individual y cantidad para dos años. El monto bordea los $ 293 millones.

Esa contratación no está disponible en el portal de Compras Públicas. La cláusula novena del documento dice: “Las Partes acuerdan mantener la confidencialidad del presente Contrato, así como su objeto, términos y condiciones y los documentos e informaciones derivados o relacionados”.

Por Enfarma firmó el entonces gerente, Juan Carlos Andrade Albornoz, y por Biofarma, la colombiana Yaqueline González Moreno.

El hijo de Vinelli, Alejandro Vinelli Ayala, contó a este Diario que él hizo un estudio de mercado y vio la posibilidad de vender medicina de difícil acceso en Ecuador. Contactó a Enfarma y a Biofarma y les presentó el proyecto.

Agregó que el trato era que él armaría las cadenas de frío para conservar ciertos productos y se quedaría con un porcentaje de la ganancia. Pero afirmó que el contrato no se ejecutó. Vinelli dio una carta de González Moreno a la gerenta de Enfarma, en la que solicita la terminación por mutuo acuerdo del contrato. El pedido, realizado en agosto de 2009, se basa en que Biofarma se negaba a canjear medicinas próximas a caducar.

EL UNIVERSO pidió una entrevista al entonces gerente de Enfarma, Luis Monteverde, pero la solicitud fue negada porque estaba ocupado. Luego, Enfarma entró en liquidación.

Los equipos chinos

Otro negocio de Vinelli involucró a Esteban Uribe Cabrera. Este fue gerente operativo de Editogran, la empresa que editaba El Telégrafo. Cuando el rotativo se convirtió en empresa pública, Uribe pasó a ser asesor de Gerencia. Ocupó este cargo entre mayo de 2015 y abril de 2016.

Entre diciembre del 2014 y enero del 2015, Uribe compró a MF una fundación panameña, una empresa costarricense y otra domiciliada en Islas Vírgenes Británicas (IVB). La estructura se formó así: Fawn Fundation emitió un reglamento en el que nombró a Uribe como protector y a su familia como beneficiaria. A su vez la fundación tenía las acciones de Investra Business Group S.A. (de Costa Rica) y Edgecliff International Business S.A. (de IVB).

Uribe presentó una declaración de bienes el 21 de enero pasado, en la que no consta esta inversión. Afirmó que no lo hizo porque esas sociedades no han tenido actividad ni ha pagado el capital suscrito.

En marzo del 2015, Edgecliff firmó un contrato con otra compañía de IVB, Megarmi S.A., cuyo representante es Alejandro Vinelli Ayala.

El acuerdo indica que Megarmi representa a China Sinopharm International Corporation y que necesita “contratar una asesoría comercial, a través de un agente que facilite cumplir de manera exitosa su compromiso de promover la venta de equipamiento biomédico al Ministerios de Salud Pública del Ecuador”.

Lea también: Comisión de Justicia señala a 12 empleados públicos

El MSP firmó un contrato por $ 60 millones con Sinopharm, en diciembre del 2014. Los honorarios de Edgecliff serían el 1% del contrato entre el MSP y Sinopharm.

EL UNIVERSO solicitó una entrevista al MSP, pero no hubo respuesta; también a Sinopharm, que tampoco atendió. Egred dijo que su cliente sí ha asesorado a Sinopharm, pero que el contrato entre Megarmi y Edgecliff no se ejecutó. Uribe señaló lo mismo. (I)