La Corte Constitucional (CC) sigue sin resolver la mayoría de las demandas planteadas contra las enmiendas constitucionales, que el próximo miércoles cumplirán un año de vigencia.

De trece pedidos relativos a los cambios que la Asamblea introdujo, diez están en sustanciación, uno fue aprobado, uno rechazado y uno tiene pendiente su admisión a trámite.

Los diez que están en análisis dentro de la CC fueron acumulados en una sola causa por tener relación entre sí.

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Sus impulsores, que representan a sectores sociales, organismos estatales, grupos políticos, entre otros, piden la inconstitucionalidad de una, varias o todas las enmiendas, por diversos motivos.

Ellos interpusieron las acciones desde el 21 de diciembre de 2015, cuando las enmiendas entraron en vigor, y hasta el mismo día de enero del 2016, cuando según la ley se cumplió el plazo para hacerlo.

Uno de sus demandantes, Geovanni Atarihuana, confirma que la CC todavía no emite un dictamen sobre “el fondo de las demandas”.

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En septiembre de este año, ellos presentaron una recusación a que Alfredo Ruiz, presidente de la CC, sea el juez sustanciador porque advirtieron “conflicto de intereses”.

En octubre, la vicepresidenta Pamela Martínez negó el recurso y desde entonces no han sabido más del trámite, indica Atarihuana, quien explica que la recusación fue planteada porque Ruiz ya se pronunció sobre las enmiendas cuando el organismo aprobó su trámite vía la Asamblea.

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“La Corte actúa a la conveniencia del Ejecutivo. Cuando son temas de interés del partido de Gobierno o del Ejecutivo, tiene una celeridad digna de las mejores causas”, dice.

Se refiere a la ‘celeridad’ con la que el organismo trató el pedido de consulta popular solicitado por Pamela Aguirre y Stephania Baldeón, actuales candidatas de Alianza PAIS.

Cuando promovían la iniciativa, lo hacían como voceras de un grupo ciudadano. La plantearon el 11 de febrero y dos meses después, el 13 de abril, fue aprobada vía dictamen.

Luego ellas desistieron de impulsar la consulta, que buscaba la derogatoria de la transitoria a la enmienda sobre la reelección para que el presidente Rafael Correa pudiese candidatizarse en el 2017.

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Esa misma transitoria objetó el titular de la veeduría Vigilantes de la Justicia, Rafael Navarrete, porque opina que ‘atenta’ contra los derechos de los ciudadanos al no permitirles elegir a quienes tengan más de dos periodos consecutivos, como es el caso de Correa.

La demanda la interpuso en agosto pasado porque los derechos “no prescriben”. La CC todavía no la admite a trámite, por lo que Navarrete anuncia que pondrá una de acceso a la información.

Por último, la demanda que fue rechazada, por no estar completa, fue la que presentó el ciudadano David Cobos Echeverría en diciembre del 2015. Él solicitaba un pronunciamiento sobre lo actuado por la Asamblea. (I)