Las designaciones corresponden a los cargos con rango de ministro de Estado.

Son dos instancias que funcionaron de forma simultánea durante los primeros siete años del primer mandatario Rafael Correa en el poder. Se trata de las denominadas Secretaría Particular y Secretaría General de la Presidencia de la República.

La primera –según el decreto ejecutivo del 8 de agosto de 2007 que la creó– funcionó con un titular con rango de ministro de Estado. La segunda se creó dos meses después, el 18 de octubre de 2007, cuyo funcionario sería de libre nombramiento y remoción. Cada una tuvo su propia línea de sucesión de personas nombradas por Correa.

Publicidad

Sin embargo, el Decreto Ejecutivo Nº 3 del último periodo de Correa (2013-2017) determinó la fusión de ambas, el 30 de mayo de 2013, en lo que se denominó Secretaría Nacional de la Presidencia de la República. Uno de los considerandos de este decreto argumenta que la Secretaría General se dedicaba al “manejo administrativo financiero”, mientras que a la Secretaría Particular le competía “la gestión política y estratégica de las decisiones presidenciales”.

 

Finalmente, tras nuevos cambios realizados en 2016, la entidad pasó a llamarse Secretaría General de la Presidencia de la República (ver línea de sucesión en infografía).

Publicidad

Esto es una muestra de lo que los colaboradores y partidarios del proyecto de la revolución ciudadana consideran como parte de un proceso de reorganización del Estado realizado desde 2007 con la llegada de Rafael Correa al poder.

Lea también: Rafael Correa: El más grande adversario ha sido esa prensa corrupta y mercantilista

Publicidad

Un proceso que implicó la creación de nuevos ministerios –como el del Litoral, suprimido en enero de 2010– y los coordinadores, que de ocho creados quedan finalmente seis, tras la eliminación de uno, el de Coordinación de Patrimonio Cultural y Natural, y la fusión del otro, el Ministerio de Coordinación de la Política, que junto a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana derivó en la hoy Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

Además está la creación de la Secretaría Nacional del Migrante (hoy convertida en Viceministerio de Movilidad Humana), la de Transparencia de Gestión eliminada en abril de 2016, la transformación, en julio de 2009, de la Dirección Nacional de Inteligencia en Secretaría. Todas en su momento tuvieron titulares con rango de ministro de Estado.

A ello se suma la creación de empresas públicas, el reemplazo de unas entidades por otras para su posterior eliminación. En este último caso, la competencia dada previamente a la entidad que había sido creada, era asumida por un ministerio dentro de un proceso que los decretos ejecutivos denominan de ‘absorción’.

Lea también: Un país con mejor infraestructura que aún depende del petróleo

Publicidad

Esta práctica implicó que en total 160 personas fueran designadas ministros o secretarios, cuyo titular tenía rango de ministro desde enero de 2007, según los decretos ejecutivos revisados por este Diario. De ellos, hay quienes más tiempo estuvieron en un mismo cargo como Alexis Mera, designado secretario jurídico de la Presidencia de la República desde el 15 de enero de 2007. O María del Pilar Cornejo, quien fue por más de siete años la secretaria de Gestión de Riesgos; Ricardo Patiño como canciller por más de seis años y José Serrano, ministro del Interior, por más de un lustro. Mientras que 36 de los designados fueron reciclados para ocupar varios ministerios y secretarías.

Fander Falconí, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) del actual régimen, dice que la reorganización estatal fue una de las claves silenciosas del proyecto de revolución ciudadana: “Antes de 2007 había un Ejecutivo absolutamente caótico y desordenado. Había organismos de desarrollo regional, había una parainstitucionalidad que muchas veces suplantaba a la propia lógica del Ejecutivo”, dice.

Falconí considera que la reorganización se dio para devolverle al Ejecutivo la capacidad de planificar, de regular: “Las agencias que estaban veladas a ejecutar los aspectos de regulación y control tenían suplantadas sus funciones y muchas veces se dificultaba la acción del Estado, generándose una pérdida innecesaria de recursos económicos”, asegura.

Lea también: Indultos a 46 sentenciados dio Rafael Correa en diez años de gestión

El Senplades jugó un papel preponderante en este proceso, dice Falconí: “Se alivianó la estructura del Estado eliminando creo que fueron cerca de setenta entidades que suplantaban la acción en el territorio... como la eliminación del CREA, Predesur...”.

Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso con sede en Ecuador), considera que en 2007 había que realizar un reordenamiento estatal, pero “el hecho de incrementar el sector público per se no significa que el Estado tenga una major eficiencia”.

El capítulo titulado ‘Political Dynamics and Presidential Strategies Cabinet Ministries in Ecuador (1979-2015)’ de un libro sobre los gabinetes ministeriales en América Latina, que se publicará próximamente y que tiene a Basabe como uno de los autores, indica que el promedio de ministerios en Ecuador era de entre 14 y 15 antes de 2007, mientras que en los periodos de Rafael Correa sube a casi 32: “Esto da cuenta de que uno de los rasgos esenciales de estos diez años fue el incremento excesivo me parece del tamaño del Estado, que en alguna medida se justifica por los grandes ingresos económicos que tuvo el país, más un modelo económico de desarrollo que fue pensado esencialmente desde el Estado, no desde lo privado”.

Según el sitio web de la Presidencia de la República, el Ejecutivo que heredará Lenín Moreno incluye a 134 entidades.

Lea también: Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, sentenciado en caso Cofiec / Duzac

“Ahora que tenemos otro escenario, toda esa serie de errores, de pérdidas de tiempo y de recursos económicos, el presidente electo Lenín Moreno va a tener que asumirlos de alguna manera”, dice Basabe, quien ve señales positivas: “Parecería ser que un primer paso, una primera señal es eliminar los ministerios coordinadores, que me parece una buena decisión, pero no es suficiente”.

Falconí afirma que el presidente de la República tiene la atribución, otorgada por la Constitución vigente, de realizar la reorganización que crea pertinente, según la visión que tenga en el campo productivo, social, económico: “(Los cambios que haga) los tendrá que anunciar directamente el presidente Moreno... Va a haber una supresión, de acuerdo a las declaraciones del presidente electo, de la Secretaría del Buen Vivir, va a haber una reorganización de los ministerios coordinadores, y parece que eso está en la lógica de la visión que tenga el nuevo presidente”. (I)

$5.510
Es la remuneración mensual actual de un ministro de Estado, sin horas extras o ingresos adicionales por encargos.