Decenas de indígenas y campesinos del norte de Guatemala levantaron este sábado el campamento que mantuvieron por cinco días a un costado del palacio presidencial de la capital, tras llegar a un acuerdo con el gobierno para resolver la legalización de sus tierras y otros conflictos agrarios.

Los representantes de 150 comunidades de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Quiché, acordaron crear un grupo de "alto nivel" para atender los casos, integrado por funcionarios de las instituciones encargadas del aspecto agrario en el país, dijo a la AFP Lesvia Artola, una de las dirigentes de la protesta.

Artola explicó que esperan que en tres meses se puedan dar avances significativos para resolver los conflictos agrarios, principalmente por falta de certeza de las tierras, despojo de territorios, criminalización de líderes comunitarios y el avance de hidroeléctricas y monocultivos como la palma africana.

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"Ahora levantamos (el campamento) pero dejamos muy claro que si el Estado no responde a los acuerdos en estos tres meses (...), regresaremos a la ciudad", pero esta vez por miles, advirtió la dirigente de las comunidades indígenas maya-q'eqchi'.

El gobierno por su lado espera que la instalación de la mesa técnica obtenga resultados para resolver las exigencias de las poblaciones indígenas.

"Hay una hoja de ruta con compromisos bien especificados para cada caso y el acuerdo es que vamos a agotar el diálogo para que cada uno de los casos llegue a feliz término", dijo a periodistas Sergio Flores, titular de la Comisión Presidencial del Diálogo.

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Según datos oficiales, 59% de los guatemaltecos vive en la pobreza, especialmente en comunidades indígenas asentadas en su mayoría en el altiplano occidental y norte del país.

Los indígenas representan 42% de los 16 millones de habitantes en Guatemala, aunque dirigentes de esos pueblos afirman ser más de 60%. (I)