En fojas 659 del proceso que, por homicidio, se sustancia contra los 17 indígenas waoranis acusados de la matanza de los no contactados taromenanes, consta la versión de Mima Tega Baihua. Señala: “Sobre los hechos sucedidos, primero entraron en la selva, los localizaron, veían que los taromenanes entraban y salían de la choza cuando E. (nombre protegido) ha entrado a ‘chuzear’ con lanzas, cuando del susto salen comienzan a disparar, porque había como 200, además cuentas (sic) que los hombres salían corriendo con los niños en brazos y les disparan a matar a los que salían corriendo, dicen que han matado como a ochenta...”.

El reconocimiento del lugar de los hechos se hizo ocho meses después del 30 de marzo de 2013, día de la matanza. De esa diligencia, el informe pericial de balística N° 56-2014, practicado por el Departamento de Criminalística de la PJ de Pichincha de cartuchos y vainas correspondientes a arma de fuego calibre 16, y de ollas agujereadas. También hay videos, fotos, incluso una de una mujer y un menor, presumiblemente taromenanes, lanceados. Y más declaraciones.

Pero estos elementos no fueron suficientes para que el Juzgado de Garantías Penales de Orellana declarara culpables a los 17 procesados, que fueron sobreseídos provisionalmente. La Fiscalía apeló y ahora, en Quito, se presentan argumentos y está por definirse la fecha de la audiencia definitiva, que ratificaría la libertad o culpabilidad. Esa audiencia, por mandato de la Corte Constitucional, se hará en una comunidad waorani.

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Andrés Acaro y Alexis Acosta, abogado defensor de los waorani y defensor público en su orden, indican que la falta de los cuerpos es elemento contundente para que se ratifique la inocencia de los procesados. Acaro cuestiona incluso que el juzgamiento sea por la justicia ordinaria.

Es imposible para la Fiscalía determinar responsabilidades, al no saber quiénes son las personas asesinadas. Por eso este proceso ha quedado ahí”.Alexis Acosta, defensor público

“Estamos juzgando con una justicia occidental, ordinaria, y tiene que demostrarse por parte de Fiscalía los elementos de materialidad de la agresión, es decir que los cuerpos aparezcan, qué personas fallecieron...”, dice Acosta.

En la impugnación, el fiscal Jorge Cuasapaz dice que la resolución adolece de falta de motivación, pues el juez no ha considerado en su integridad los elementos de convicción presentados, elementos eran suficientes para presumir la existencia del delito.

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No aparecieron los cadáveres, que serían los elementos indispensables para lograr tener indicios para aplicar una potencial sanción”.Andrés Acaro, abogado defensor

Miguel Ángel Cabodevilla, autor del libro Una tragedia ocultada, es la voz crítica. Días después del sobreseimiento fue mordaz. “A este señor (juez) le encargan investigar el atentado a las Torres Gemelas y confirma que no existe la prueba material del delito, es decir, no hay los cuerpos de las víctimas”, dijo. (I)