Representantes de los ministerios del Ambiente, Justicia y Derechos Humanos e Hidrocarburos conformarán la comisión que se encargará de implementar los resultados de la consulta popular en el tema del Parque Nacional Yasuní.

La pregunta 7 planteó que se reduzca el área de explotación petrolera en la zona de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, y que se amplíe la intangible vedada a la actividad extractiva al menos 50 mil hectáreas.

La Comisión, que estará presidida por el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, tendrá que elaborar informes para ambas temáticas.

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En el segundo caso, el documento será vinculante y la Secretaría Jurídica de la Presidencia se encargará de comunicárselo a la Presidencia de la Asamblea, organismo que aprobó en el 2012 la Declaratoria de Interés Nacional, que dio paso a la explotación del Yasuní.

El grupo tiene un plazo de 120 días para redactar los documentos; el presidente dispuso que esta invite a organizaciones sociales y otros actores relevantes que aporten con información que permita elaborar la nueva delimitación de la zona intangible en la que habitan los llamados pueblos en aislamiento voluntario, como los tagaeri y taromenane.

Benito Bonilla, vocero de YASunidos, indicó que la comisión debería tener en cuenta, sobre todo, los criterios de los pueblos indígenas waorani y zápara, pues sus territorios colindan con la delimitación de la zona intangible, además de otros grupos de la sociedad civil y académicos. (I)