Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) de transición, recibió este jueves a Hernán Ulloa Ordóñez, quien expuso la situación de los jueces que fueron destituidos por el CJ anterior bajo la figura de error inexcusable. Según Ulloa Ordóñez, más de 250 jueces a nivel nacional serían los perjudicados por una aplicación política del error inexcusable.

"Una vez que el Consejo de Participación se ha pronunciado sobre la mala aplicación del error inexcusable, es necesario que se busque una salida para que estos jueces sean reivindicados a sus puestos y a otro tipo de resarcimientos debido a esta arbitrariedad", apuntó Ulloa Ordóñez, quien dijo que existirían tentativamente tres vías para la restitución.

En la reunión con Albán, contó el abogado Hernán Ulloa Ordóñez, también se le habría presentado varias denuncias de actos de corrupción cometidos por el CJ anterior. Para este fin se entregó un pen drive que contendría una investigación hecha a nivel nacional por Ulloa Ordóñez.

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En el dispositivo se registrarían varios actos de corrupción cometidos por el CJ anterior, como por ejemplo, la designación de Thomas Alvear como director general del CJ, no existiendo, asegura, ningún fundamento legal para que él se mantenga en ese cargo.

Según Ulloa Ordóñez, un funcionario público puede estar en comisión de servicios hasta por seis años, pero Alvear habría sobrepasado ese límite y el último año como director general del CJ lo hizo con una "comisión de servicios caducada y con un simple acuerdo interinstitucional". Esto para el denunciante significa un acto de corrupción gravísimo. (I)