Nueva propuesta para agilizar trámite de amnistías en Comisión de Justicia de la Asamblea

Ha pasado más de un año del pedido de amnistías realizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para personas procesadas en el gobierno de Rafael Correa y al momento el Pleno ha concedido este recurso solo a una persona: Manuel Pichizaca Pinguil, quien estuvo apresado en el 2015 por participar en protestas indígenas.

Esta semana, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, informó que se está analizando un procedimiento más expedito para otorgarlas.

En la próxima reunión, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) revisará la propuesta de la comisión formada por la Defensoría del Pueblo y la Pública y la Asamblea.

La idea es que el trámite en la Comisión de Justicia sea más simple. “Estamos tratando de evitar que la Comisión se demore tanto tiempo, hay expedientes ahí desde hace más de un año... nosotros vamos a actualizar esa información, de esta manera trataremos de reducir los tiempos de respuesta para estos trámites, no verlos como un solo paquete, sino analizar por casos y por hechos y en esa línea vamos a tratar de evacuar esto”, agregó Cabezas.

En junio del 2017, una comisión de asesores entregó un informe no vinculante al CAL para que se pronuncie sobre la admisibilidad en cada caso.

El número que se manejaba entonces era de 225 amnistías en 30 casos, ocurridos en 2009, 2012, 2013, 2015 y 2016. De estas, quedaron 166, porque algunos fueron declarados inocentes y, de estos, 26 fueron calificados y pasaron a la Mesa que, en este tiempo, dio informe favorable para una persona.

Los 25 restantes fueron negados y se pidió a los implicados más sustentos para generar informes favorables al pleno.

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, señaló que están trabajando con las tres instituciones mencionadas por Cabezas para construir una “línea base” que permita armar un reglamento para las amnistías y esperan que en los próximos días se presente oficialmente.

“Son procedimientos que hay que cumplir, hemos armado estrategias de apoyo jurídico, con las sugerencias de la Asamblea y esto nos permitirá llevar procesos legales...”, agregó Vargas.

Luis Fernando Torres (Cambio-PSC), miembro de la Comisión de Justicia, dijo que en el CAL se analizaron cientos de pedidos, pero se determinó que algunos estaban mal planteados y por eso se emitió un informe negativo y en otros casos se les pidió que los vuelvan a presentar.

“El trámite para las amnistías está abierto en la Asamblea, lo que pasa es que los pedidos tienen que estar debidamente sustentados”, expresó.

Lira Villalba (antes de AP), también de la Comisión, indicó que no hay trámites detenidos en ese organismo y que el procedimiento expedito siempre será bienvenido, pero debería pensarse seriamente en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“Algunos pedidos fueron negados en la Comisión sin duda, porque tenían que ver con delitos comunes... los enfocados a temas de lo que han llamado persecución política o limitación a la libre expresión y el derecho a la protesta, esos sí han sido calificados y me parece que también se resolvieron”, dijo.

Pero Encarnación Duchi (PK) expresó que este tema no tiene la celeridad esperada.

“No se avanza como se propone, ya ha pasado más de un año y a más de que exista un procedimiento expedito se necesita la voluntad política de las bancadas para calificar los casos como delitos políticos y no comunes”, dijo.

Los asambleístas deben estar conscientes y aceptar que fueron delitos políticos, no fueron delitos comunes porque la gente no sale a las calles porque no tiene que trabajar u otras cosas...”.Encarnación Duchi, PK

(I)