La lucha de las víctimas de abuso sexual del sacerdote César Cordero Moscoso dio un primer resultado a su favor, pues el Vaticano lo retiró del sacerdocio que ejerció desde 1953. Entre abril y octubre de este año, los afectados colocaron denuncias en la Fiscalía, realizaron marchas y plantones para exigir que se sancione un delito que ocurrió hace más de 50 años en esta ciudad.

La tarde del jueves, Cordero fue notificado con los resultados del proceso canónico que concluyó en la “Dimisión del estado clerical de manera permanente y perpetua en el tiempo”.

Esto significa que ya no será más sacerdote ni podrá celebrar misas. Según el vocero de la Arquidiócesis de Cuenca, Jofre Astudillo, esta es la máxima sanción que la Iglesia católica le pone a un religioso.

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Esta noticia alegró a María Palacios, hermana de Jorge, la primera víctima que hizo pública su denuncia. Según ella, se demostró la culpabilidad de Cordero, personaje cuencano que en los últimos 65 años ha creado un imperio con unidades educativas, una universidad con extensiones en dos provincias, medios de comunicación en Azuay y Cañar, un hospital, un poliforo, varios edificios administrativos y una Basílica menor certificada desde la Santa Sede.

“Nuestro primer anhelo era que se le quitara la sotana y hoy vemos cumplido ese logro. La Iglesia nos escuchó”, aseguró.

Pero la mujer, que lideró desde un inicio la lucha, reiteró que esto no termina aquí porque aún hay “cómplices”, a los que se debe investigar.

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Habló de gente que trabajó con Cordero en las escuelas y calló, pero también se refirió al exarzobispo de Cuenca y actual líder de la Iglesia católica en Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera, a quien asegura le presentó una primera denuncia en el año 2010, pero que nunca prosperó supuestamente.

Ahora su pelea seguirá desde lo legal y aunque en la Fiscalía del Azuay en más de una ocasión les han dicho que el caso prescribió, porque se cumplieron los tiempos legales, esta resolución se adjuntará al expediente abierto, también por la presión ciudadana.

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Segunda víctima

Marcelo Alvarado fue la segunda víctima del sacerdote Cordero que públicamente denunció el abuso sexual cuando era un niño, pero no alcanzó a conocer la sanción para su agresor. El 12 de julio pasado, mientras ofrecía una entrevista, falleció.

Durante la marcha realizada el 29 de mayo pasado, Marcelo encabezó esa protesta y portando un letrero en el que recordaba al plantel Miguel Cordero como la “escuela del terror”, pues perdió la vergüenza a decir que ahí fue víctima de abuso entre los 5 y 10 años.

Tras estas denuncias se conformó la Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Abusos Sexuales (Alsas), organización que la semana pasada intentó, sin éxito, entregar 10.000 firmas de apoyo en la Nunciatura Apostólica.

En la tarde, acudieron a la Asamblea Nacional para plantear a los legisladores que integran la Comisión Ampetra (que investiga delitos sexuales en planteles educativos) que interpreten de manera retroactiva la pregunta 4 de la Consulta Popular, en la que el 73 por ciento de los ecuatorianos aprobó que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

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La abogada de Alsas, Karina Montesdeoca, comentó que los legisladores se mostraron abiertos para apoyarlos, pero hay un proceso que se debe seguir. Por ahora existen cinco denuncias presentadas en la Fiscalía contra Cordero.

Silencio de acusado

Durante la investigación, César Cordero no habló con la prensa. Solo cuando declaró ante el sacerdote español Jaime Ortiz de Lazcano, que lo visitó en el hospital. Ahí dijo ser inocente y que las víctimas de abuso son cómplices del delito, ya que “aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar”. (I)