Debido a una recusación presentada contra la jueza penal de Pichincha, Yadira Proaño, por la defensa del sueco Ola Bini, la funcionaria judicial decide apartarse del conocimiento del proceso por el delito de acceso no consentido a un sistema informático. 

El anunció se dio cinco días después de que la jueza Proaño definió para el próximo jueves 10 de octubre la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito en el que también es investigado el ecuatoriano Marco Arguello.

Proaño decidió apartarse de la causa una vez fue citada con la recusación. En el artículo 25, inciso segundo, del Código Orgánico General de Procesos, norma supletoria,  se explica que una vez ha sido citada la funcionaria con la recusación "se suspenderá la competencia del juez". 

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En la demanda de Recusación planteada en contra de Proaño se incluye la causal establecida en el artículo 572, numeral 3, del Código Orgpanico Integral Penal (COIP).

La norma invocada dice: “Tener juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes si el juicio es civil y cinco años si el juicio es penal. La misma regla se aplicará en el caso de que el juicio sea con su cónyuge, pareja en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad.”

"Al encontrarme inmersa dentro de las causas establecidas por las que se suspende mi competencia (...)  me aparto de seguir conociendo la presente causa", explica la providencia.

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Además la jueza Proaño dispuso que una vez ejecutoriado el presente auto se proceda a remitir el proceso a la Sala de Sorteos de esta Unidad Judicial Penal Parroquia Iñaquito, para que luego del sorteo legal correspondiente, uno de los jueces penales, distinto a Proaño, continúe con la sustanciación de la misma, hasta que sea resuelta la Recusación planteada.

A dos días de que concluya la instrucción fiscal, 29 de agosto pasado, Proaño dio paso a la reformulación de cargos solicitada por la Fiscalía contra Bini y Arguello. En lugar de investigarlos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos ahora se les procesa por el delito de acceso no consentido a un sistema informático.

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Para la reformulación el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción. Fiscalía habrían ubicado elementos que indicarían que el extranjero ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas. La información habría sido extraída de un teléfono celular de Bini, mediante una pericia. 

Uno de los ocho elementos presentados por Fiscalía estaría relacionado a información ubicada en la memoria del celular de Bini. Según las pericias hechas aparentemente se habría encontrado una fotografía que demostraría el ingreso del extranjero de forma ilegal a sistemas informáticos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).