Desde las 09:00 el Tribunal de Juzgamiento integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho e Ivan Saquicela, instalará la audiencia de juicio por el delito de ataque y resistencia contra al consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), David Rosero, y dos personas más.

Los hechos que provocaron el proceso judicial se dieron en 2015 en Ibarra, Imbabura, cuando Rosero era también consejero de CPCCS.

La intervención del expresidente Rafael Correa en más de $400 millones pertenecientes a los ahorros de maestros reunidos en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y el posterior traspasó de la administración de esos dineros al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue lo que provocó el reclamo de la mayor parte del gremio de maestros.

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El consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, junto a dos personas más acusadas del delito de ataque y resistencia enfrentarán hoy en la CNJ una audiencia de juzgamiento. Se espera que en la misma particioaran cerca de 70 testigos. @eluniversocom pic.twitter.com/9ysiPAsUeA

Por ello junto a Rosero son procesados el expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Imbabura, Jaime Villacís, y el maestro Mario Landeta.

El 6 de noviembre del 2018 en la CNJ se suspendió el proceso penal que se le seguí a las tres personas debido a que se constató que David Rosero era parte de la lista oficial de candidatos para integrar el próximo CPCCS. Rosero participó en las elecciones del 24 de marzo de 2019 como candidato a consejero del CPCCS.

Debido al artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia, se interrumpa el proceso de juzgamiento. Esta normativa señalaba que los candidatos de elección popular, una vez calificados e inscritos, no podrán ser ni detenidos, ni procesados penalmente, ni enjuiciados.

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El fuero de Corte que cobija a Rosero llega debido al cargo que cumplía al momento de ocurrido el delito que se investiga, es decir, al 2015 el de consejero del CPCCS.

Rosero, quien está acompañado de su abogado Ciro Guzmán, espera que hoy termine lo que el califica una "persecución política" que inició en la epoca en la que le fiscal general era Galo Chiriboga. Él defiende lo que hicieron aquel 16 de marzo de 2015 y agrega que lo que ha sucedido en el tiempo (la devolución del fondo de cesantía a manos del UNE, entre otra cosas) les han dado la razón de que oponerse a lo realizado por las autoridades fue algo correcto. (I)