Fiscalía de Pichincha abre investigación previa por peculado contra prefecta Paola Pabón

(Actaualizado a las 17:00)

El fiscal de Pichincha. Alberto Santillán, abre una investigación previa por el delito de peculado contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, por la adquisición de 400 bolsas para cadáveres y la compra de 10 000 pruebas rápidas para COVID-19 para la Prefectura de Pichincha.

El 29 de mayo pasado se emitió el documento de notificación del expediente que se abría contra Pabón para investigar los presuntos hechos que fueron conocidos por el fiscal Santillán por un parte policial que indicaba que de acuerdo a un monitoreo en redes sociales, en el perfil de Fernando Villavicencio en Twitter, se verificaron que existen publicaciones relacionadas a un posible hecho de corrupción.

El documento en el que se le notifica de la investigación a Pabón se lee un textual tomado supuestamente de la cuenta del activista político Villavicencio que diría: "al parecer la prefecta Paola Pabón, a través de la empresa pública "PICHINCHA HUMANA", adquirió 400 bolsas de cadáveres a $ 52 cada una, en el mercado cuesta $ 15, un contrato de $ 72 300. También se hizo una compra de 10 000 pruebas rápidas a un proveedor inhabilitado".

La mañana de este lunes, la prefecta Pabón respondió a la notificación en su cuenta personal de Twitter. La funcionaria dijo: "Hoy, mientras alistamos la automatización del peaje, la Fiscalía guiada por una denuncia falsa de Twitter abre un proceso de investigación por "peculado". Así es la infame persecución que sufrimos todos los días. ¡Es tiempo de trabajar por la provincia y por la gente! Basta Ya".

Pabón mantienen pendiente una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de rebelión que habría ocurrido durante las protestas de octubre de 2019 debido a las medidas económicas que adoptó la administración de Lenín Moreno. El fiscal Santillán, también a cargo de este caso por rebelión, junto a la prefecta procesa penalmente al secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; y el dirigente de RC, Christian González.

Esta diligencia estaba definida para el pasado 20 de marzo en la Corte Provincial de Pichincha, pero se difirió debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país. Aún no existe fecha dispuesta para esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de rebelión.

La tarde de este lunes, mediante una rueda de prensa virtual, la prefecta Pabón afirmó que esto es parte de una serie de acusaciones "falsas y burdas" que ha recibido una vez se reincorporó al trabajo de la prefectura luego de estar 72 días detenida por el delito de rebelión.

Rechazó no solo lo que ella dice son falsas acusaciones, sino también el hecho "irresponsable" de la Fiscalía de iniciar una investigación previa en base un tuit. Dijo que lo que se está haciendo desde Fiscalía es dificultar el trabajo que vienen haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Pabón aseguró que las pruebas rápidas para COVID-19 adquiridas por la Prefectura de Pichincha cumplen todas las especificaciones y el proveedor que entregó el producto estaba calificado por instituciones como el ARCSA, la instancia más importante en estos temas, el Registro Único de Proveedores, por el Registro Único de Contribuyentes.

"Si revisan su cuenta el proveedor está habilitada desde junio de 2019. Para que pueda subir su oferta el proveedor al portal de Compras Públicas debe estar calificado. (...) Ya basta de noticias falsas, basta de causar daño", apuntó la prefecta de Pichincha, quien informó que la compra total asciende a $ 72 000.

Otro tema que negó fue la adquisición de 400 bolsas para cadáveres a un costo superior en tres veces a los que se encuentran en el mercado. Según Pabón, se pagó $ 51.90 por una bolsa para cadáveres que tienen las características de bioseguridad tipo 4, y las bolsas de $15 de las que se hablan en la denuncia son de características de bioseguridad tipo 1, que sirven para hacer prácticas, para la educación, la capacitación secundario o universitaria. (I)