En menos de una semana, las cifras de los despidos de los trabajadores superan los 7000 casos en el país, según las cifras reveladas por el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda.

El viernes 12 de junio, Poveda, ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, reveló que el número de contratos terminados llegaba a 173 000, y el miércoles 17 de junio la cifra trepó a 180 852 casos.

El ministro fue convocado a semana seguida por los legisladores para que explique el alcance del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley urgente de Apoyo Humanitario, que hoy entrará a votación en el pleno de la Asamblea Nacional a las 16:30.

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Uno de los temas polémicos que se incluye en el veto parcial a la Ley Humanitaria tiene relación con la interpretación del artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo, donde la Asamblea busca aclarar que el empleador podrá aplicar el despido de sus trabajadores por la causal de fuerza mayor o casos fortuitos, sin indemnización, únicamente cuando la empresa haya cesado. Mientras la empresa siga operando y el empleador quiera terminar la relación laboral se aplicará el despido intempestivo.

Según las cifras expuestas por el ministro de Trabajo, los 180 852 despidos se debieron a cuatro causas: a 15 724 trabajadores se les aplicó el despido intempestivo; en tanto, que a otros 16 874 se les aplicó el numeral 6 del Código de Trabajo por la causal de fuerza mayor; 100 797 casos son resultado de acuerdo entre las partes; y unos 47 457 por otras causas que no especificó.

Poveda comentó que por esa cifra de terminación de las relaciones individuales de trabajo en el ministerio que él dirige están angustiados, pero que se debe entender que en todo el mundo existen 1200 millones de personas que perdieron el empleo que incluyen a países del tercer mundo.

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Frente a ello, añadió que se deben hacer grandes acuerdos para mantener el trabajo, para sostener las empresas, que las herramientas están en la legislación laboral y en los acuerdos ministeriales; pero que también se debe hacer entender a ciertos dirigentes sindicales que es el momento de unirse y dar propuestas.

Que es indudable que se reducirá el sueldo si se reducen las horas de trabajo, pero hay que tomar en cuenta que a cambio se tendrá la seguridad social y otros beneficios, justificó; y que esto es una emergencia e “imploremos que esta situación se vaya mejorando y los ilumine a los científicos para que encuentren la vacuna”.

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Sobre la supresión de partidas en el sector público, el viceministro Édwin Sánchez dijo que no será indiscriminada y que responderá a elementos técnicos, funcionales y económicos; pues si hay un contador en una institución pública que gana más de $3000 porque esa fue la remuneración que ganó en el concurso, y hoy –luego de diez años– hay servidores que hacen las mismas funciones con $1600, es lógico que por elementos económicos se suprima el puesto. Reveló que en la Función Ejecutiva hay 893 servidores públicos sobrevalorados.

Recalcó que la supresión de puestos será para servidores de carrera y no para servidores indefinidos, y que este proceso de supresión se dará siempre que haya la certificación presupuestaria correspondiente.

En torno al veto parcial a la Ley Humanitaria, el ministro de Trabajo salió a defender las observaciones hechas por el Ejecutivo, y afirmó que bajo ningún concepto el Gobierno permitirá que se violen los derechos de los trabajadores si el empleador aplica el artículo 169 del Código Laboral, sin la justificación necesaria.

En el interior de la Asamblea Nacional aún no hay acuerdos respecto a la forma de votación del informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico, que recomendó el allanamiento en 22 objeciones y ratificarse en nueve; pero antes de la sesión habrá una reunión de bancadas.

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