César Rodríguez Fontecilla estaría tramitando asilo en Perú, país en el que sufrió un accidente aéreo, a inicios de este mes, a bordo de la avioneta que se estrelló en Tumbes y en la que también se trasladaban Daniel Salcedo, Jocelyn Mieles y Alfredo Espinoza, el piloto que falleció en el siniestro.

Rodríguez es amigo cercano de Salcedo, quien tiene prisión preventiva y es investigado por sus presuntos vínculos con la venta con sobreprecio de fundas para cadáveres e insumos médicos para hospitales de Guayaquil, durante la pandemia del coronavirus.

Salcedo permanece en el hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil, desde su traslado de Perú. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, contó que la cónsul de Ecuador en Tumbes pagó la cuenta del hospital y el tanque de oxígeno con el que fue trasladado el joven.

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Avioneta ecuatoriana que llevaba a involucrado en caso de sobreprecios cayó en Perú

El paradero de Rodríguez es desconocido, pero las autoridades creen que sigue en Perú. Aunque sin especificar el origen, por las redes sociales circuló una fotografía de él detrás de la ambulancia en la que habría sido trasladado Salcedo.

“El ciudadano (Salcedo) ha sido encontrado luego de que una avioneta en la que él se movilizaba se ha accidentado. Las fronteras se encuentran cerradas, entonces lo único que podemos nosotros concluir es que estaba huyendo del accionar de la justicia”, refirió en una entrevista televisiva la fiscal general, Diana Salazar, respecto al accidente ocurrido el 8 de junio en territorio peruano.

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La aeronave accidentada es de propiedad del empresario Alfredo Adum. Salió desde Guayaquil hacia la isla Puná, donde según la Aviación Civil hizo un primer aterrizaje.

Exfuncionario detenido
Luego de labores de seguimiento, la Policía capturó el sábado a Francisco Xavier Ochoa Tarira, exdirector técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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Sobre el exfuncionario pesaba una orden de detención con fines investigativos, como parte de las indagaciones que realiza la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en compras de insumos médicos de esa casa de salud.

En los registros de la Fiscalía consta una denuncia por delincuencia organizada, en la que se señala como sospechoso a Ochoa, al igual que Luis Enrique Jairala Zunino.

Semanas atrás, la Fiscalía ejecutó 37 allanamientos y detuvo a 17 personas por supuesta corrupción en hospitales y gobiernos seccionales.

Estas acciones se han ejecutado como parte de la lucha contra la corrupción que emprendió el ministerio público, luego de que medios de comunicación denunciaran compras públicas con sobreprecios y otras irregularidades, como el caso en el que se investiga a Daniel Salcedo, vinculado a una supuesta red que operaba en el interior del IESS.

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En uno de esos allanamientos, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, la Fiscalía informó que Jairala Zunino fue detenido. Luego rectificó: “Luis J. no fue encontrado en su domicilio y se encuentra prófugo”, aclaró la entidad.

Antes de los operativos fiscales, Jairala Zunino ya contaba con un “cuerpo de abogados” que, según dijo, lo defendían ante la Contraloría General del Estado y ante la misma Fiscalía, que el año pasado le inició una indagación por irregularidades en su gerencia en dicho sanatorio, un hospital que contrata cada año un monto mayor a los $150 millones.

En su periodo, detalló la Contraloría, se firmaron millonarios convenios de pago (contratos directos y reservados) bajo una supuesta situación de emergencia que no existió.

Las declaraciones de jefes médicos, que constan en los informes, reseñan que por disposición de Jairala se vieron obligados a solicitar insumos y fármacos para un año, cuando las bodegas del hospital estaban abastecidas para tres y cuatro meses, tiempo que permitía hacer concursos públicos. (I)