El pago a los beneficiarios de los seguros de vida casi se duplicó en abril y mayo del 2020 respecto del mismo periodo del 2019 al pasar de $26,4 millones a $49,8 millones.

Este incremento inusual responde a las muertes por el COVID-19, incluidos los que tenían créditos hipotecarios que quedan cancelados con el fallecimiento del titular de la deuda.

Las aseguradoras han pagado $209,1 millones por este concepto en el primer semestre del año, según la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), 25 % más que en el mismo periodo del 2019.

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Las recaudaciones por los seguros de vida individual y colectivo (las primas que pagan los asegurados) suman $209,6 millones durante el primer semestre del 2020, mientras que en el mismo periodo del 2019 se cancelaron $208 millones.

El único seguro que involucra a las personas que ha caído en las recaudaciones este año es el de los de accidentes personales (que cubre todo acto que produzca daño físico), ya que los pagos por los de asistencia médica también aumentaron.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Fedeseg, asegura que el servicio estuvo garantizado incluso para los que tienen o tuvieron coronavirus. “Las pólizas a nivel mundial excluyen este tipo de riesgos de pandemia por las características catastróficas y porque son riesgos desconocidos, pero con la disposición de las autoridades de Salud y la voluntad de las compañías la cobertura no se interrumpió con las limitaciones que los prestadores de salud tuvieron en su momento, que no son las compañías de seguros”, aclara.

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La cuarta disposición del Acuerdo n.º 00126-2020 del Ministerio de Salud del 11 de marzo pasado, en el que se declaró el estado de excepción, prohibió “a todas las empresas de seguros de salud privada y de medicina prepagada que limiten la cobertura para la adecuada evaluación, atención y tratamiento al paciente-usuario afectado por el COVID-19”.

Los representantes de las aseguradoras afirman que estaban cubriendo los casos desde antes de la disposición gubernamental, pero unas pocas esperaron la decisión oficial para hacerlo.

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La Fedeseg activó desde abril pasado un protocolo para obtener la base de datos de los fallecidos y verificar si tenían un seguro de vida e informar a los beneficiarios. “Lo hicimos en el terremoto del 2016, pero esta vez no tenemos respuesta por parte del Registro Civil, seguimos insistiendo”, indica Salas.

A Rocío Pizarro le dio algo de tranquilidad tener un seguro privado de salud que también protege a sus dos hijos en medio de las restricciones de movilidad establecidas desde el 17 de marzo pasado por el COVID-19.

Ella dice que algunas aseguradoras promocionaban la cobertura porque igual era un percance, no era una enfermedad preexistente. “Soy asegurada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero este lo tengo como última opción, al aportar a dos empresas tienes la libertad de escoger, es como una salvaguarda en un momento de desesperación”, indica.

Pero no todos pueden costear un seguro privado de asistencia médica. Solo el 10,7 % de la población con empleo lo tenía en diciembre de 2019, según la última cifra laboral. Y el 29 % de los que laboraban estaban afiliados al IESS, según el INEC.

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Rocío indica que las tarifas de los seguros privados deben ser más competitivas porque son una necesidad y así serán más accesibles. “La salud es cara en Ecuador. Hace cinco años me sometí a una cirugía de vesícula. La aseguradora privada cubrió el 80 % y el restante lo pagué yo, ni siquiera el 20 % me cubrió el IESS, eso me hizo ver la necesidad de tenerlo”, dice.

Daniel Baquerizo, gerente de Marseguros, enumera tres razones que motivan a obtener un seguro privado de salud: por la desconfianza en la red pública gratuita, por los altos costos médicos y para acceder al sistema de salud del exterior. “Atender un cáncer puede costar $400 000 y un aneurisma, $800 000, entonces la gente quiere salvar a su familiar sin estar vendiendo el patrimonio, su casa, su carro”, indica.

El costo de los seguros privados va acorde también con los gastos médicos, dice la ejecutiva de una firma aseguradora que pidió la reserva de su nombre. Ella indica que los prestadores de salud cobran a cada persona por los insumos médicos que ahora deben utilizar para prevenir el contagio del coronavirus (gastos extras).

"En las facturas salía $200 o $300 de gastos extras como si usaran una bata nueva cada vez que atienden a un hospitalizado, lo que no es así, entonces eso también a la larga eleva los costos que en este caso deben asumir los asegurados”, dice.

Para Baquerizo, sí hubo una diferencia al momento de acceder a las clínicas particulares en medio de la congestión hospitalaria. “Tenerlo (un seguro privado) fue una garantía de pago, por lo que accedieron más rápido. Recordemos que el IESS aún tiene deudas con la red privada de salud, sin embargo, sí fue complicado. En un momento en una clínica había 14 respiradores pero había más de 50 pacientes”.

Las quejas sobre el alto costo de las primas responde también a que contratan con coberturas y deducibles (es el costo que primero debe asumir el paciente) muy bajos, por lo que son productos más caros, añade.

Un ejemplo real. Una pareja de 44 y 41 años de edad con tres hijas de 16, 13 y 8 quería adquirir un seguro esta semana. “Les dije que una póliza con cobertura de $100 000 y deducible de $150 costaba $550 mensuales. Entonces les planteé por qué no toman un deducible más alto con mejor cobertura, entonces cubriendo ellos $5000 y cobertura de $500 000 al año para cada miembro de la familia, la póliza salía en $98 al mes”.

Además, hay seguros de vida que indemnizan con $100 000 a un costo de $300 al año. (I)