La liberación de los dirigentes y comuneros de San Pedro de Cañar que recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional se ejecutaría esta semana una vez que el mandato legislativo se publique en el Registro Oficial. Cuatro de los 20 beneficiarios siguen recluidos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi y otros mantienen medidas cautelares.

Entre los amnistiados está Sergio Paucar, de 47 años. Fue sentenciado a cinco años y seis meses de cárcel por el delito de secuestro y extorsión. Luego de cuatro años preso aplicó para el régimen abierto y en el 2009 volvió a su natal San Pedro, una comunidad indígena ubicada en la provincia del Cañar. Aunque físicamente está libre, cada martes debía presentarse a la cárcel de ese cantón y estar detenido de 08:00 a 13:00.

Aunque ya estaba con su familia explica que los traumas mentales por la “injusta sentencia”, como él la considera, están presentes. Cuenta que económicamente se quedó en la calle porque tuvo que vender su terreno y ganado para pagar a sus primeros abogados.

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Uno de sus hijos dejó de estudiar porque no tenía para costearle la escuela, sus ancianos padres sufrieron emocionalmente y su esposa fue humillada por su condición étnica y social. Pero desde el 30 de julio, cuando la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía, está más aliviado moralmente.

El tiempo que pasó tras las rejas lo aprovechó para estudiar la secundaria y desde que retomó su trabajo en el campo insistió en que no descansará hasta recuperar lo que materialmente perdió, porque los “cuatreros, coyoteros y chulqueros” le iniciaron 24 juicios a él y a otros 19 compañeros.

Ahora se lo escucha con mejor ánimo y dice sentirse orgulloso de “ser un indio libre para ejercer sus derechos propios” y no descarta aplicar en una próxima ocasión la justicia indígena, porque en su sector abundan las pandillas, los robos y los cuatreros.

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María Angamarca, esposa de Paucar, dice que más allá de lo económico lo que aún le duele es la humillación que, según comentó, sintió de los funcionarios públicos porque “la veían mal” por ser una mujer de campo. “Yo quedé traumada, ellos se nos reían en las audiencias diciendo que somos unos indios, nos metían miedo y decían que nos iban a meter presos a nosotros también”.

Luis Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explica que aunque la decisión de la Asamblea es de cumplimiento inmediato, hay que completar algunos requisitos a partir de que se publique en el Registro Oficial.

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De ahí se debe notificar a los jueces de cada uno de los casos para que ellos los archiven y giren la boleta de excarcelación, trámite que debería ejecutarse en el transcurso de esta semana.

En el artículo 3 de la resolución legislativa consta que “(…) se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como la inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión”.

Manifiesta que uno de los objetivos de esta causa quedó saldado, pues se demostró que la justicia indígena, al igual que la ordinaria, tiene un poder constitucional y que cualquier resolución no puede ser reconocida en las cortes provinciales o nacionales. Es más, si alguien se cree afectado por la aplicación comunitaria, debería ir directo a la Corte Constitucional.

El pedido de amnistía se hizo en febrero de 2018 cuando Inredh y la organización indígena de San Pedro de Cañar presentaron una solicitud de amnistía a favor de las 23 autoridades indígenas que desde el 2015 y 2016 fueron procesadas por administrar justicia indígena en Cañar y Azuay en contra de presuntos delincuentes que amedrentaban y extorsionaban a los miembros de la comunidad.

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El objetivo fue solicitar la extinción total de la pena y la condena a nueve mujeres y catorce hombres procesados por los delitos de secuestro y daños a bienes privados. En la votación final el pleno aceptó este pedido con 112 votos afirmativos, 2 en blanco, 0 negativos y 19 abstenciones.

Con esto la Asamblea consideró “declarar que la decisión adoptada reafirma la vigencia del Estado pluricultural e intercultural y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos”, según consta en la resolución aprobada en julio pasado.

Las autoridades e integrantes de las comunidades que recibieron la amnistía son Luis Calle, Manuel Calle, María Tamay, Digna Sarmiento, Luis Morocho, Sergio Paucar, Galo Mateus, María Romero, Manuel Romero, Blanca Tenezaca, María Tenelema, Héctor Tamay, Luis Chimborazo, Zoila Espinoza, María Tenesaca, Víctor Espinoza, Ángel Calle, José Sarmiento, María Sotamba y Luis Calle. Las últimas cuatro personas se encuentran detenidas en la cárcel de Turi y Cañar.

Sobre la posibilidad de enjuiciar al Estado por esta sentencia, Saavedra comentó que será una decisión que la tomarán cada uno de los afectados, pero aún no está definido nada. (I)