La Contraloría General del Estado entró a examinar lo sucedido con el contrato de transporte de crudo n.º 2018529 firmado entre Petroecuador EP y la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el 9 de noviembre de 2018. La acción de Contraloría se da en momentos en que existe un desacuerdo entre la empresa estatal y la privada, en torno al monto a cobrarse por cada barril transportado.

Actualmente, Petroecuador estaría adeudando más de $ 18 millones por la falta de pago de esa tarifa. Este fue suspendido en abril pasado, debido a que funcionarios medios e incluso el exgerente de la estatal consideraron que se debía pagar una tarifa menor a la de $ 2, que se venía cancelando desde noviembre de 2018. La tarifa que las anteriores autoridades consideraban correcta era de $ 1,40. Sin embargo, tras la salida del exgerente Pablo Flores, el actual ministro de Energía, René Ortiz, dispuso al nuevo gerente, Ricardo Merino, que proceda al pago de $ 2. La diferencia de criterios surge porque existe una cláusula que indica que la tarifa cobrada será de $ 2 o la menor que cobre OCP a cualquier cliente, en cualquier momento.

El argumento de los funcionarios estatales en un primer momento fue que en 2017 OCP cobró a uno de sus clientes $ 1,40, por lo que esa sería la tarifa menor y no $ 2. En cambio, el Ministerio de Energía actualmente sostiene que la tarifa menor debe tomarse en cuenta desde la firma del contrato y no de manera retroactiva.

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En este punto, el 5 de octubre la Contraloría General emitió la orden de trabajo para que un equipo de la entidad realice un examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio Público de Transporte de Petróleo Crudo n.º 201852. El examen revisará el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 29 de septiembre de 2020.

Los objetivos de la acción de Contraloría son verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicada a los procesos de ejecución. También se enfocará en verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y se verificarán la legalidad, propiedad y veracidad de los pagos efectuados.

La Contraloría estima terminar el proceso en 120 días a partir del 5 de octubre (febrero de 2021), tiempo en el que se incluyen la elaboración del borrador y la conferencia final.

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Entre tanto, OCP Ecuador respondió a la iniciativa de la Contraloría indicando que en noviembre de 2018 Petroecuador firmó un contrato de transporte de crudo con OCP Ecuador, en el que se fijó una tarifa preferencial de $ 2 o la tarifa más baja que la compañía cobre a sus otros clientes.

La empresa dijo que “OCP Ecuador ha respetado el contrato y ha cobrado a EP Petroecuador la tarifa de $ 2 , pues durante toda la vigencia del contrato de transporte OCP Ecuador no ha cobrado a ninguno de sus clientes una tarifa más baja”. Además recalcó que Ecuador siempre ha actuado de conformidad con la Ley, y continuará dando cumplimiento al contrato bajo el principio fundamental de la seguridad jurídica. Asimismo, dijo, la compañía está dispuesta a colaborar con las autoridades en el marco de sus atribuciones, incluyendo la información que requiera la Contraloría General del Estado.

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El pago por parte de Petroecuador aún no se ha hecho y el tema estaría en manos del nuevo procurador de Petroecuador, Jaime Alarcón, un abogado experto en temas petroleros que pertenecía hasta hace poco al estudio jurídico ECIJA GP&A (González Peñaherrera y Asociados). (I)