El Consejo de la Judicatura (CJ) oficializó esta mañana un nuevo ajuste al cronograma para el proceso de designación de jueces: la fecha está prevista para la designación definitiva de 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia sería el sábado 6 de febrero de 2021, un día antes de las elecciones.

Previamente y luego de varios escenarios discutidos por los consejeros en el pleno del Consejo, se había señalado que la fecha para tales nombramientos era el 4 de marzo próximo.

Una vez que los postulantes ya rendieron sus evaluaciones teóricas y psicológicas, el calendario actualizado contempla que la prueba práctica para los postulantes se realizará del 28 al 30 de este mes y los pedidos de recalificación, en la primera semana de enero.

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La presentación de impugnaciones por parte de la ciudadanía se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de enero.

Frente a las críticas por posibles inconsistencias y errores en la selección, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, insistió -en un conversatorio con la prensa- en que se trata de “un proceso transparente”, que no tiene comparación con los efectuados en administraciones anteriores.

Para el director del CJ, Pedro Crespo, “las alertas (de quienes cuestionan la legitimidad y legalidad del concurso) no son más que difamaciones”.

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El veedor Washington Barragán, que participó del conversatorio, afirmó que, a pesar de ciertos errores detectados, el cronograma debe ser cumplido para evitar eventuales presiones políticas con el cambio de gobierno.

Maldonado y el consejero Juan José Morillo lamentaron “que no se reconozca el trabajo realizado por el Consejo de la Judicatura” y cuestionaron la publicación de críticas.

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“En el país no se valoran estos esfuerzos...; penosamente, esta es nuestra sociedad”, dijo Morillo; mientras que la titular del Consejo manifestó -sin aludir directamente a la prensa- que las publicaciones no solo deben “criticar por criticar” y que si fuese necesario que esos espacios sirvan para aplaudir a la gestión pública, debe hacérselo.

“Tenemos notarios, veedores, universidades, gremios, institutos impulsando este proceso; no puede ser que se preste más oídos a dos, tres o cuatro personas que, claramente, representan intereses individuales”, aseveró. (I)