Tramitar los vetos parciales del Ejecutivo a los proyectos de reformas a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Comunicación, así como un proyecto urgente que el Gobierno anunció que remitirá a la Asamblea Nacional, son entre otras las prioridades legislativas en los próximos 30 días.

La etapa de campaña electoral por los comicios generales del próximo 7 de febrero también dificulta la presencia de los asambleístas principales que pidieron licencia sin sueldo para hacer proselitismo.

El segundo vicepresidente de la legislatura, Patricio Donoso (CREO), recordó que se principalizó a más de 40 legisladores para las próximas cuatro semanas.

Uno de los temas sobre los cuales no existe una definición o al menos no se incluirá en el orden del día de las sesiones de la primera semana de enero es la votación de la Ley de Extinción de Dominio.

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El presidente encargado de la legislatura, César Solórzano (PSP), considera que se debe esperar el retorno de los principales para retomar el trámite de ese cuerpo legal.

Ayer el asambleísta Raúl Tello (BADI) planteó una resolución para que el pleno debata y pida al presidente de la Asamblea que en el término de 48 horas someta a votación el proyecto de Ley de Extinción de Dominio. La resolución superó los 100 votos.

En esta semana habrá tres sesiones plenarias. En una de ellas se incluye el conocimiento del informe sobre la investigación realizada por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional sobre la entrega de carnés de discapacidad a funcionarios públicos y legisladores, en el cual se recomienda abrir una investigación a un asambleísta en funciones.

Donoso considera que en estas semanas se tendrá que dejar listo el informe para segundo debate de las enmiendas constitucionales relativas a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la bicameralidad en la Función Legislativa y la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Antes que concluya el mes, la Asamblea Nacional deberá tramitar el veto parcial a la Ley de Movilidad, en el que el Ejecutivo plantea fijar en diez años la vigencia del pasaporte, con lo cual, según el Gobierno, se estaría poniendo acorde a las políticas que establecen otros países sobre este documento de viaje, como Estados Unidos, Colombia o España.

Limita además la entrega de pasaportes diplomáticos al cónyuge o pareja en unión de hecho de los asambleístas; porque, a criterio del primer mandatario, no ejercen función o representación del Estado ecuatoriano.

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Sobre inadmisión y deportación de personas extranjeras, el veto enfatiza la necesidad de respetar el debido proceso en estos procedimientos y mantiene la simplificación del trámite administrativo.

Respecto al veto a la Ley de Comunicación remitido el 5 de enero, en los dos artículos reformados se plantean cambios sobre el concepto de medios y sistema de comunicación.

De esta forma, se propone que los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población.

El Ejecutivo reformula el concepto de sistema de comunicación en función de que los medios de comunicación no deben ser definidos conforme a los medios de comunicación tradicionales.

Por tal razón, plantea que el sistema de comunicación sea considerado un conjunto articulado de personas naturales o jurídicas, que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica, a través de medios, procesos, mecanismos, elementos y dispositivos naturales, técnicos, tecnológicos de comunicación, a los que las personas pueden acceder en forma equitativa para obtener información. (I)