El femicidio de Lisbeth Baquerizo y la lucha que han emprendido sus padres para que su muerte no quede impune ha motivado a otras familias que han pasado por situaciones similares a salir del anonimato y exigir justicia.

Por eso, esta semana Jenny Zambrano y su hijo Julio Paredes acudieron también a la Fiscalía de La Merced y con carteles mostraron por primera vez el rostro de María Gabriela Paredes Zambrano, quien fue estrangulada el 31 de julio del 2019 en Las Orquídeas.

Tras 18 meses no hay nadie tras las rejas. Jenny y su hijo piden justicia, que se investigue bien el caso y que se aprese a los culpables, pues la muerte de Paredes guarda ciertas similitudes con el caso de Puerto Azul.

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Se barajó como primera hipótesis que la mujer, que entonces tenía 30 años, habría tomado veneno para ratas para quitarse la vida.

Al menos así lo aseguró la suegra de María Gabriela, Alba Ch. La mujer declaró que su nuera la había llamado para que vaya a ver a su nieta porque la niña se iba a quedar sola y que al llegar había encontrado a María Gabriela sin vida. Agregó que llamó a sus compadres y que con ellos habría intentado darle los primero auxilios sin éxito.

“Por qué nunca llamó a la Policía, al ECU911 o a nosotros”, reclama la familia de la fallecida, quienes se enteraron porque un vecino les avisó.

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María Gabriela vivía a seis cuadras de la casa de sus padres, en una vivienda que le había cedido su familia para que conviva con su pareja y padre de su hija, identificado como Luis G. La hija de ambos en esa época tenía un año.

La madre de la fallecida contó que la Policía acudió a la casa y encontró en el tacho de basura del baño dos sobres de veneno para ratas y una supuesta carta en la cuna donde estaba su nieta.

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La misiva dice: “No le echen la culpa a Luis, ni a Correa. Culpen a ya saben quien”.

Jenny asegura que esa no es la letra de su hija y que al día siguiente de la muerte colocaron una denuncia por asesinato, pues la autopsia reveló que María Gabriela había sido estrangulada. Ella incluso se había orinado, una reacción natural en estos casos y tenía laceraciones en el cuello.

En su organismo el médico legista no encontró ningún veneno, ni en su sangre, ni en su estómago. El examen toxicológico que se hizo en un laboratorio en Quito dio negativo, indica el hermano de María Gabriela, quien asegura que la suegra de su hermana y sus compadres habría creado esa fachada del supuesto suicidio para encubrir un femicidio, según ellos, ejecutado por la pareja de la mujer, un psicólogo clínico que trabajaba en un colegio cercano.

Sin embargo, la Fiscalía la semana pasada solicitó fecha para audiencia de vinculación solo para la suegra de la mujer, una señora de la tercera edad que tendría problemas incluso para movilizarse.

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La Fiscalía aseguró que el esposo de María Gabriela ha presentado testigos y hasta un video de que estaba en el colegio la tarde del crimen.

El abogado Christian Jurado, quien representa la familia, insiste en que el colegio está a 3 minutos de la vivienda y que los videos estarían editados y solo mostrarían la entrada del esposo a las 13:00 y luego su salida a las 18:00.

El abogado también expone que tras 18 meses del crimen aún no se entregan las pericias del teléfono de la fallecida, donde habría mensajes de amenazas recibidas de un número desconocido, que la familia presume que eran enviados por Luis G.

“A él nunca le solicitaron su celular, pero si se hace pericias en el teléfono de María Gabriela se puede descubrir desde dónde le llegaban esos mensajes. Dos meses antes de que la maten ella puso una denuncia”, aseguró Jurado.

El abogado sostiene también que Luis G. llevó a una terapia psicológica a María Gabriela porque aseguraba que ella estaba paranoica y tenía delirios.

Pese a que hay una regulación de visitas, la familia Paredes asegura no puede ver a su nieta. Indican que Luis G. tras la muerte denunció al padre y hermano de María Gabriela por supuesta violencia de género contra la fallecida. (I)