Con ciertas recalibraciones o ajustes de metas llega el acuerdo firmado entre el gobierno de Guillermo Lasso y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual permitió esta semana el desembolso de $ 800 millones para las arcas fiscales y el acceso a $ 1.700 millones más entre lo que queda del 2021 y finales del 2022.

De lo que se puede mirar en el acuerdo, la principal recalibración que existe con respecto al anterior es el cambio de estrategia fiscal a mediano plazo, la cual tiene que ver con un mayor ajuste de los gastos, acompañado de una reforma tributaria más modesta que la que se planteaba en el gobierno de Lenín Moreno.

Para el 2021, los ingresos esperados en el acuerdo con Moreno eran de 31,5 %, pero en el nuevo acuerdo se ubican en 33,2 %; pero en cambio para 2022, en el anterior acuerdo se esperaba un incremento importante de recursos por la reforma tributaria que incluía el incremento del IVA. En el acuerdo actual, los ingresos solo suben a 33,8 %, es decir un incremento de 0,6 puntos porcentuales entre 2021 y 2022. En cuanto al gasto, este año, ese rubro representa el 35,5 % del PIB, pero para 2022 solo representará 33,8 %.

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El cambio estructural se ve en los números, pero también queda muy presente dentro de la Carta de Intención que tanto el ministro Simón Cueva como el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, dirigen a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, con fecha 16 de septiembre.

Los funcionarios indican en la carta de manera general que el objetivo del Gobierno es garantizar un “crecimiento respetuoso con el medio ambiente con alta calidad de empleos, promover una gestión transparente de los recursos públicos y asegurar la equidad en la realización de políticas fiscalmente sostenibles”. Por ello, sostienen, es imperativo arreglar “nuestras finanzas públicas para asegurar un crecimiento elevado y sostenido que generará empleo de calidad”. Así, aseguran, se realizará una “importante reforma tributaria centrada en la equidad y el crecimiento sostenible. Los que más ganan deberían estar contribuyendo más”, dicen.

Se refieren justamente a la Ley de Creación de Oportunidades, que incluye la reforma tributaria (con contribuciones especiales para personas y empresas con altos patrimonios y el incremento de pago de impuesto a la renta para quienes ganan de $ 2.000 en adelante), y que por ahora está en una suerte de limbo, pues el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no lo calificó para ser tratado. Para el Gobierno, la actual ley tributaria carece de progresividad y permite beneficios en deducciones, por ejemplo, a quienes más recursos tienen.

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En el acuerdo se establece como plazo para la promulgación de dicha reforma tributaria, destinada a “generar ingresos y mejorar la eficiencia general del sistema tributario”, a finales de octubre. El ministro de Finanzas dijo hace pocos días que en las siguientes revisiones el FMI evaluará los temas macroeconómicos de acuerdo con la evolución de los acontecimientos.

De manera complementaria, también se habla de priorización de gastos. La meta del Gobierno es reducir 4,2 % del PIB en gasto hasta finalizar el periodo. En este punto sostienen que Ecuador tiene un alto gasto dedicado a salarios y gastos de capital en comparación con los pares regionales, “sin entregar la más alta calidad de los servicios públicos para nuestros ciudadanos”, dicen. Por lo tanto, la decisión es bajar el gasto como una estrategia a medio plazo para restaurar la sostenibilidad a nuestros balances fiscales. Los mayores ahorros estarán en la mejora de las prácticas de adquisición, ahorro en bienes y servicios y gasto de capital.

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Entre las estrategias del Gobierno también está la de fortalecer los poderes de cobranza de deudas de la Unidad de Grandes Contribuyentes; así mismo mejorar el uso de intercambios de información con otras jurisdicciones y terceros para controlar las operaciones transfronterizas de grandes contribuyentes.

Además existe la firme convicción de continuar con la reforma de subsidios a los combustibles. La reducción del gasto se hará siempre protegiendo los servicios esenciales como educación, salud y gasto social. En la parte social, el compromiso del Gobierno con el FMI es ampliar la cobertura con bonos al 80 % de hogares vulnerables, hasta abril del 2022.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), entre los ajustes que se miran entre el anterior acuerdo y el actual está la meta del déficit en el sector público no financiero (SPNF) del 2021, en el convenio anterior se esperaba que fuera de 2,8 % y ahora ese déficit baja a 2,3 %.

Este sector está conformado por el Gobierno central, pero también las empresas públicas, los GAD, entre otros. Además para el 2022 ya debe haber superávit de 0,1 % y que sería de $ 85 millones en este sector. Esta cifra es menor a la establecida en el gobierno de Moreno que era de $ 656 millones, explica Carrera. En este sentido, se relaja un poco la meta.

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Carrera dice que lo que han calculado el FMI y el Gobierno es que se esperan más ingresos petroleros. En el acuerdo anterior se esperaba que representaran un 6,1 % del PIB y ahora se espera que representen un 8,1 %. Sin embargo, a finales del periodo no se llega a registrar el aumento de ingresos por petróleo, que ha sido anunciado por el Gobierno (duplicación de producción). Esto seguramente se debe a que el FMI suele tomar en cuenta las condiciones de infraestructura existentes, y no incluye los planes a futuro.

Sobre la clara posición del Gobierno sobre la reforma tributaria, Carrera opina que al margen del acuerdo con el FMI, toda la reforma es vital, pues una fiscal no es suficiente; ya que se requiere de una laboral para incentivar la inversión, generar empleo y crecer.

Entre tanto, para Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, si bien es necesario hacer el ajuste al gasto, pues el ritmo que se estaba viviendo, especialmente desde 2015 era insostenible, el Gobierno debe tener mucho cuidado en no afectar los sectores como educación y salud.

Considera que frente a las incertidumbres de la pandemia, el Estado muy probablemente deberá pagar más en salud, y recuerda que existen ciertos compromisos en el sector de educación que deben ser cubiertos. Para García, mientras más rápida sea la meta para conseguir superávit, habrá más presión para reducir el gasto, y esto complica al Estado. (I)