Comisión de Fiscalización aprueba informe de Petrochina que determina perjuicios por $ 4.771 millones al Estado

En una polémica votación, con cuatro votos a favor (dos de independientes y dos de la Bancada del Acuerdo Nacional [BAN]), incluido el voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio; cuatro votos en contra (tres del correísmo y uno de CREO), y una abstención del Partido Social Cristiano, quedó aprobado el informe sobre la comercialización internacional de crudo denominado “Petrochina: deuda pública y comercialización de petróleo”.

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La votación se dio la tarde de este 30 de marzo, tras una suspensión de varios minutos, que fueron aprovechados para incorporar todas las observaciones que habían hecho durante la mañana los miembros de la Comisión de Fiscalización.

El informe de la Comisión establecía que se había generado un perjuicio económico de al menos $ 4.771 millones en los contratos de largo plazo celebrados con empresas chinas, como Petrochina y Unipec; se incluían también los resultados de un contrato con Petrotailandia. El informe de 227 páginas hacía un resumen de la participación de las autoridades del Gobierno de Rafael Correa en la construcción de esta forma de endeudamiento, que además generó un perjuicio de $ 3,6 por barril, según lo han reconocido en informes técnicos las autoridades de Petroecuador. Pero además revelaba la intervención de lobistas y empresarios ahora juzgados por la Justicia estadounidense y que aparecían en los papeles de Panamá, que han admitido haber participado en procesos de sobornos y que recibieron comisiones por cada barril vendido a intermediarios. Entre los referidos estaban Raymond Kohut, Enrique Cadena Marín y William Sudhaus.

Entre las observaciones hechas por parte de los asambleístas se mencionó que el informe en su redacción no tomaba en cuenta que la Comisión no es juez y que debía incluir la palabra supuesto para no darse atribuciones que no le correspondieran. Además se pidió que se incorporara una recomendación en el sentido de que también se investigue el papel de los Gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, que han mantenido estas figuras comerciales. El propio presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, pidió incorporar una recomendación de que se investigue el supuesto desvanecimiento de un glosa a Petrochina, que habría sido ejecutada por el excontralor Carlos Pólit, recientemente detenido en Estados Unidos.

Los votos a favor de dicho informe fueron de los asambleístas Juan Carlos Troya, Bruno Segovia, Pedro Velasco y el dirimente de Fernando Villavicencio.

Al final, los que se opusieron fueron los asambleístas correístas argumentando, por un lado, que el informe no traía temas nuevos y que eso ya era “cosa juzgada”; y por otro lado, que no había habido ningún perjuicio económico. Gabriela Molina, de UNES, dijo que el informe podría poner en riesgo las fraternales relaciones que tiene el Ecuador con China y que no incorporaba ninguna información nueva. Para Molina, es “inoficioso aprobar un informe que es cosa juzgada”.

Entre tanto, Comps Córdova, también de UNES, aseguró que no ha existido ningún perjuicio económico para el Estado, y basaba su afirmación en una comunicación de la OPEP del 2017 que supuestamente lo certificaba. Se trataba de una hoja no muy legible que se emitió en 2017, luego de que el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, ahora preso, había asegurado en los llamados Capaya Leaks, y sometiéndose a un polígrafo, que el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Wilson Pástor conocían que Ecuador perdía $ 4 por barril debido a los contratos con China.

En ese tiempo, el Gobierno de Correa le pidió a la OPEP que certificara si existía o no un estudio que confirmara dicha pérdida. La respuesta de la OPEP fue poco certera: “La secretaría conduce un número de estudios en muchas áreas, que dificulta asegurar la pregunta en cuestión”. También indicaba que se hizo un estudio sobre el diferencial, en el cual no se hacía referencia a dicha pérdida. Sin embargo, aseguraba que, “sin perjuicio de lo anterior, la secretaría de la OPEP no puede afirmar si este estudio tiene relación con el referido por el exministro de Hidrocarburos”.

El tercer voto en contra fue el de Blanca López, suplente de Roberto Cuero.

Y el cuarto voto negativo lo dio Heinz Linares, de CREO y alterno de la asambleísta Belén Cordero. En el interior de la Comisión se indicaba que posiblemente la adición de una recomendación para incluir en la investigación a los Gobiernos de Moreno y Lasso habría provocado el voto negativo. Soledad Diab se abstuvo, indicando estar en desacuerdo con votar por un informe tan amplio y técnico. Previamente había hecho una moción para diferir diez días el conocimiento y votación, la cual no fue aceptada.

En los próximos días, el informe, que en sus recomendaciones pide incorporar sus hallazgos tanto a la Fiscalía de Ecuador como a la de Perú y la de Nueva York, será tratado en el pleno de la Asamblea. (I)