Comisión legislativa aprueba cronograma para trámite de Ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, este 4 de noviembre, inició el trámite del proyecto económico urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, y se compromete a presentar en diez días el informe para primer debate.

El proyecto de iniciativa del Ejecutivo plantea un conjunto de reformas a seis códigos y trece leyes. Lo que busca la propuesta es una recaudación de $ 1.800 millones, aseguró la legisladora Wilma Andrade (ID), quien dirigió la sesión donde se aprobó por unanimidad un cronograma de comparecencias.

Los asambleístas que se encargarán del análisis del proyecto del Ejecutivo y que conforman la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa son los siguientes: Daniel Noboa (EU), Wilma Andrade (ID), Francisco Jiménez, Nathalie Arias y Diana Pesantez (BAN), César Rohón (ex-PSC), Cristian Yucailla (PK), Jhon Vinueza (UE) y Carlos Zambrano (UNES).

El plazo para aprobar este proyecto en la Asamblea Nacional vence el 28 de noviembre. Además en la comisión se resolvió conformar una mesa técnica en la que estén representantes del gobierno que tengan poder de decisión para ir absolviendo inquietudes y revisiones para avanzar más rápido en el análisis de la propuesta.

El proyecto enviado por el Ejecutivo, el pasado 28 de octubre, propone -entre otros temas- un aporte mes a mes de las personas que ganen más de $ 2.000, y será de manera progresiva según el monto.

Propuesta de impuesto a la renta mantiene alza para los que ganan más de $ 2.000 al mes, mayor carga se aplicará sobre $ 5.000

La tabla imponible se inicia para quienes ganan $ 2.000, con un aporte mensual de $ 15. Este va subiendo a $ 100 mensuales para quienes ganan más de $ 3.400, a $ 200 para los que tienen ingresos sobre los $ 5.000 y hasta $ 800 por sueldos sobre los $ 9.800.

Según el cronograma aprobado, se llamará a comparecer a 17 sectores y autoridades, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de la Producción, Secretaría Nacional de Planificación, Banco Central del Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria, Junta de Política y Regulación Financiera, Ministerio de Energía, Ministerio de Telecomunicaciones, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

También constan el Servicio Ecuatoriano de Normalización, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, representantes de los operadores turísticos, representantes de las cámaras, comités, federaciones y consejos de la producción, comercio, industrias y agricultura.

La comisión espera convocar a los representantes de la industria tabacalera, cerveza, de las bebidas gaseosas y alcohólicas, académicos y analistas económicos y tributarios.

Andrade destacó que la propuesta del Ejecutivo es muy amplia y ambiciosa, contenida en 200 artículos, y que si bien busca una recaudación anual de $1.800 millones, ese proceso no debe afectar o producir una contracción en los sectores que de alguna manera están en la propuesta.

Dijo que el proyecto cumple con los parámetros generales: en la tributación hay progresividad, es decir, quienes más tienen más pagan, con lo cual se implementa una justicia tributaria y no se afecta a los sectores populares.

Que es interesante que se plantee la eliminación del 2 % a los microempresarios y emprendedores, así como que se esté proponiendo un sistema simplificado de tributación.

Se mantiene la propuesta de eliminar el impuesto del 2 % para microempresarios y crear un régimen para emprendedores y negocios populares

Las alertas, añadió Andrade, vienen del sector empresarial. Ellos sostienen que se está castigando el ahorro, porque se está implementando una contribución al patrimonio tanto a las personas naturales como de las empresas, lo cual sería un pésimo mensaje: que a futuro no se tendría que invertir en bienes en el país. Pero, según la legisladora de la ID, habrá que buscar racionalidad para evitar que sea confiscatorio.

En torno a la repatriación de capitales, Andrade dijo que se deben analizar a fondo los casos, pues se dice que por la salida de capitales se han pagado impuestos en los últimos años por alrededor de $ 32.000 millones.

Las primeras comparecencias empezarán este 5 de noviembre a partir de las 09:00, con la presencia de académicos y analistas económicos y tributarios; representantes de las cámaras, comités, federaciones y consejos de la producción. (I)