El 29 de noviembre del 2021, el Gobierno logra, no sin antes tener varios tropiezos, la vigencia por ministerio de la ley de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esta, que es una reforma tributaria, le permitirá tener ingresos permanentes por $ 1.900 millones en tres años. Solamente en el 2022, el fisco esperará recibir unos $ 800 millones. En primera instancia, esta ley forma parte de una megaley denominada de Creación de Oportunidades, que es rechazada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por supuestamente no cumplir temas constitucionales, sin permitir siquiera su debate.

La norma no tiene el apoyo de la Asamblea pese a los acercamientos de Guillermo Lasso con Pachakutik e Izquierda Democrática. Y solo se aprueba cuando la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) se abstiene de votar por su archivo. Desde varios sectores políticos surgen críticas a un supuesto pacto entre el régimen y el correísmo, que ambos grupos niegan.

La normativa aplica mayores impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad. Así, las empresas con patrimonios de más de $ 5 millones y las personas con patrimonios de más de $ 1 millón y las sociedades conyugales con más de $ 2 millones deberán hacer una contribución temporal para aportar a las arcas fiscales. La ley también incluye un componente de mayores impuestos para un sector de la clase media que gana más de $ 2.000 mensuales. De manera progresiva, este grupo, conformado por unas 274.000 personas, deberá pagar una carga mayor de impuestos. La reforma también trae una serie de medidas para regularizar activos en el exterior y conseguir aportes tributarios a futuro. En lo tributario, la ley también llega con varias concesiones, como baja del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a los consumos especiales (ICE) en varios productos.

Publicidad

La norma también da paso a reformas en el ámbito petrolero, para abrir la posibilidad de migración de los contratos a la modalidad de participación. También se permiten ciertas reformas en las telecomunicaciones, que podrían generar mayores servicios al sector rural, aunque en detrimento de ingresos al fisco.

La renegociación de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se concreta a mediados de septiembre. Con ello se reciben recursos por $ 800 millones del organismo multilateral. Y la reforma tributaria era clave para que, durante la cuarta revisión del acuerdo con el FMI, se pudieran aprobar los desembolsos de diciembre (unos $ 700 millones). Sin embargo, el tema se ha retrasado y podría darse para finales de enero o principios de febrero.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indica que toda revisión del FMI implica una evaluación macroeconómica del país, considerando precio del petróleo, inflación internacional, ritmo de recuperación, y que estos temas son volátiles en épocas poscovid.

Publicidad

Además, dice, hay un análisis de las políticas públicas, como las de combustibles y la aprobación de la ley tributaria, y eso implica una revisión más detallada y técnica. Adicionalmente, se dan aspectos burocráticos de los organismos que cumplen plazos internos.

El Gobierno buscará en el 2022 la aprobación de los otros componentes de la Ley de Creación de Oportunidades que le fue negada en la Asamblea. Así, en los primeros días de enero enviaría la Ley de Inversiones y, luego de un diálogo con la sociedad, podría enviar la parte laboral. (I)