Seis grandes compromisos que hizo el Ecuador, a través de dos Gobiernos, con el Fondo Monetario Internacional se cumplieron en los 27 meses que duró el acuerdo de financiamiento y que permitió inyectar a la economía ecuatoriana unos $ 6.500 millones, solo desde el FMI, sin contar con otros créditos provenientes del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros. El directorio ejecutivo del FMI concluyó la sexta y última revisión del Servicio Ampliado del FMI (SAF) de 27 meses a favor de Ecuador y felicitó al país pues esta es su primera finalización exitosa en dos décadas.

Los compromisos pasaron por la lucha contra la corrupción, la asistencia social para los sectores más vulnerables, generar cimientos para que continúe la dolarización y que haya independencia del Banco Central; así como una reforma tributaria, el cumplimiento de varias metas cuantitativas. Finalmente, una reforma para reducir o eliminar los subsidios a los combustibles, que en un principio se cumplió a medias, pero que los sectores sociales terminaron tumbando.

Las mejores condiciones de los préstamos del FMI (bajas tasas y plazos largos) tienen una suerte de condicionamiento y es que de manera general las finanzas públicas se ordenen, para que una vez que el financiamiento del FMI deje de llegar, un país pueda seguir adelante por sus propios medios.

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Para el exministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo, la aprobación del programa de financiamiento se da por el esfuerzo de dos gobiernos (el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso) y el de cuatro ministros (Richard Martínez, Mauricio Pozo, Simón Cueva y Pablo Arosemena). Esto habla, dice, de que sí puede mantener perseverancia y continuidad en la política económica.

Aunque hubo incumplimientos:Punto por punto, se fueron cumpliendo varios requisitos acordados con el FMI:

  1. En diciembre del 2020 se aprobó en la Asamblea la ley Anticorrupción, cuyo objetivo principal era crear nuevos tipos penales para sancionar la corrupción en contratación pública.
  2. En abril del 2021, y pese al momento político de fricciones antes de la elección presidencial, el gobierno de Moreno logró la aprobación en la Asamblea de la Ley de Defensa de la Dolarización. Los principales argumentos de este sector fueron que la normativa era esencial para darle independencia técnica al Banco Central, a fin de que maneje la política monetaria sin presiones del fisco, especialmente a gobiernos populistas. Esta recompuso los cuatro sistemas del balance del BCE y se crearon dos juntas, una monetaria y otra financiera.
  3. En noviembre del 2021 se puso en vigencia la Ley de Desarrollo Económico, que no obtuvo votos favorables de la Asamblea, pero entró por el ministerio de la ley. Esta tenía la meta de generar unos $ 1.900 millones en dos años, según ha dicho el Gobierno. Estos ingresos ayudan a reducir el déficit fiscal y con ingresos permanentes.
  4. El programa tenía por objeto apoyar la recuperación económica de Ecuador tras la pandemia, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Así se cumplieron varias metas fiscales. El crecimiento terminará en un 2,7 %, según los cálculos del BCE; pero en el acuerdo inicial de septiembre del 2020 se estableció que sería de 1,3 %. La acumulación de reservas internacionales al 9 de diciembre estaban en $ 7.482 millones y registraron un pico de $ 9.016 millones en julio del 2022. La cifra demuestra que sí hubo una recuperación de las reservas, sobre todo si se toma en cuenta que en marzo de 2020 llegó a apenas $ 1.990 millones. La meta del acuerdo era que en 2022 cerraría con unos $ 8.930 millones y para 2023 llegaría a $ 10.814 millones. Se espera que Ecuador cierre este año con un superávit primario. El indicador Deuda PIB (deuda pública y otras obligaciones del sector público no financiero y el IESS) se encuentra a octubre del 2022 en 53,21 %. Sin embargo, la deuda agregada y otros pasivos supera el 70 %. Las metas planteadas en el acuerdo indican que la deuda se reduzca a 56,4 % en el 2025. En el tema cuantitativo, también se puede mencionar la construcción de datos más transparentes, tanto en las cifras de los GAD, como en el de la deuda pública.
  5. Un quinto punto importante del programa era la mayor cobertura de asistencia social, con bonos por parte del Gobierno a los más vulnerables. El Gobierno logró fortalecer la red. Según sus datos, antes de la pandemia tres de cada diez hogares vulnerables recibían bonos sociales. Ahora, son ocho de cada diez familias las que acceden a este beneficio. Para el próximo año se prevé un gasto social de $ 15.200 millones.
  6. El sexto punto tenía que ver con una reforma sobre los subsidios a los combustibles, que le representan un gasto muy importante al Gobierno. Este año se pagaría más de $ 4.000 millones. El gobierno de Lenín Moreno logró con éxito implementar un sistema de bandas que iba incrementando el precio de los combustibles de manera paulatina. Sin embargo, en octubre del 2021, el gobierno de Guillermo Lasso se vio obligado a congelar los precios tras las revueltas indígenas. En estos momentos se trata un mecanismo para focalizar dichos subsidios y retirarlos a quienes no los necesitan.

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, recordó que en el caso de Ecuador, el país tuvo que acudir al FMI en 2019 debido a que su economía ya estaba muy resentida e iba a terminar con déficit del 6 %. En esas condiciones se firmó un acuerdo por $ 10.250 millones aproximadamente, sin embargo este no prosperó porque se detectó que había inconsistencias en varias cifras, sobre todo en las de los Gobiernos autónomos descentralizados.

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Con un déficit del 6 %, sin fondos de ahorro (que se los había gastado durante el correato), el país no crecía. No hay que olvidar que en octubre del 2019 hubo la revuelta indígena y se vio que el país no iba a poder pagar la deuda. Con la pandemia del COVID, los problemas se profundizaron. Tras el incumplimiento del primer acuerdo, se diseñó un nuevo acuerdo que, para Carrera, pudo cumplirse por varios factores: la pandemia facilitó el acuerdo pues hubo una actitud bastante flexible desde el FMI; el precio del crudo al alza y la renegociación de bonos permitieron ir bajando el déficit; el tema geopolítico ha ayudado

De la gestión de los gobiernos ecuatorianos, Carrera destaca que la vacunación ayudó a reactivar la economía y que la aprobación de la ley tributaria (Ley de Desarrollo Económico) también ayudó a que se reduzca el déficit fiscal. Además, se logró revisar las cifras de los GAD, para mayor transparencia.

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Tanto Carrera como Pozo coincidieron en que Ecuador dejó de cumplir varios temas: al de los combustibles se le adhieren las auditorías a Petroecuador; mayor claridad en las cifras de la seguridad social; tampoco logró reducir el gasto de manera importante. En este sentido, el propio FMI ha dicho que la reforma de los subsidios a los combustibles reduciría el considerable gasto en subsidios y generaría ahorros significativos, mientras que una mejor gestión del flujo de caja ayudaría a abordar la acumulación de atrasos en los pagos internos.

“Sería importante completar las auditorías financieras de la compañía petrolera nacional y del fondo de seguridad social para obtener una imagen más clara de la hoja de balance del sector público y los riesgos asociados de pasivos contingentes”, han dicho los voceros del FMI.

Cámara de Energía, preocupada por auditorías de Petroecuador

La empresa pública de hidrocarburos, EP Petroecuador, realizó una convocatoria para la realización de las auditorías internacionales de sus propios estados financieros. Sin embargo, el proceso no prosperó y se lo declaró desierto. Sobre el tema, la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE) se mostró preocupada este 15 de diciembre sobre el fallido concurso para la contratación de una empresa auditora internacional para poner al día los estados financieros de Petroecuador, cuya más reciente actualización fue en 2018.

Esta auditoría era parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI y que se ejecutaría con un préstamo no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este sentido, los miembros de la Cámara indicaron no estar de acuerdo con el pronunciamiento institucional de Petroecuador de que se contratará a empresas nacionales que puedan efectuar el trabajo.

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De acuerdo con la Cámara, sería preferible contratar auditorías internacionales, por la credibilidad que generan ante contrapartes corporativas de ámbito mundial que están considerando participar en distintos proyectos asociativos con la empresa estatal. Explicaron que para llevar adelante formas de asociación tipo alianza público-privada o de gestión delegada, se necesitan procesos de estructuración financiera que permitan hacer bancables los proyectos. Esto es necesario también, tomando en cuenta que se piensa ir hacia la conformación de una sociedad anónima que pueda cotizar en bolsa.

En este sentido, Hassan Becdach, presidente del directorio de la Cámara recomendó ajustar los pliegos conforme a las propias sugerencias de las cuatro auditoras internacionales que manifestaron su interés en participar, a fin de no demorar la contratación respectiva.