Empleadores ya eligieron a su representante al Consejo Directivo del IESS, los trabajadores tienen candidatos y elección podría darse esta tarde

El proceso de elección de los dos vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tanto del que representa a los trabajadores como el de los empleadores, avanza. Este viernes se eligió por unanimidad, con la participación de tres federaciones participantes: la de Comercio, de Industrias y de Construcción, a los representantes de los empleadores, aunque aún no se ha dado a conocer el nombre de los ganadores de un concurso a cargo de una empresa especializada, que se realizó en días pasados. No estuvieron presente ni la Federación de Cámaras de Agricultura ni la de la Pequeña Industria.

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Leandro Briones, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, explicó que el proceso de dio con base al decreto 571 emitido por el presidente Guillermo Lasso, firmado el 3 de octubre, en el cual se deroga el reglamento de elección anterior y se lo reemplaza por uno nuevo. El nombre de los ganadores del concurso (vocal principal y suplente), que tienen un currículum técnico y no político, se lo dará a conocer el próximo lunes.

En un proceso similar están al momento los representantes de los trabajadores. Edgar Sarango, de la Conferderación de Trabajadores del Ecuador (CTE), explicó que han tenido cierta complejidad al determinar quiénes son los electores para el proceso, pues en el decreto ejecutivo del presidente Lasso se menciona de manera general a las organizaciones sindicales, pero no queda claro si son de primer, segundo o tercer grado: es decir si son las centrales sindicales debidamente registradas, o son federaciones o hasta confederaciones. En todo caso, explicó que ya se han estado barajando ciertos nombres para la vocalía. Entre ellos, y apoyado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por la Unión Nacional de Educadores (UNE), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), está el nombre de Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados. Sin embargo, también se han escuchado otros nombres, desde otros sectores, como por ejemplo el de Ramiro Beltrán, exmiembro del Consejo Superior del IESS; Richard Gómez, dirigente sindical de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otros.

El plazo para entregar los nombres de los candidatos elegidos por cada uno de los sectores vence el 25 de octubre próximo, es decir el martes de la siguiente semana. En este sentido, Sarango dijo que esperan llegar a un acuerdo este mismo viernes por la tarde.

La emisión del decreto 571 se dio como una salida jurídica para la renovación de los vocales, que actualmente ya se encuentran prorrogados en funciones por 10 años.

En medio del proceso se han presentado voces de rechazo al proceso. Manuel Defas Mora, coordinador del Observatorio de Seguridad Social del Ecuador - Guayas, rechazó la elección realizada sobre el delegado de los empleadores y dijo que se lo ha hecho de manera arbitraria. Para Defas, se estarían abrogando competencias de la Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Superintendencia de Bancos, entes Rectores de cada una de las organizaciones y federaciones. Según su declaración, la elección se estaría haciendo sin la intervención mayoritaria de afiliados, jubilados y empleadores, rompiendo el principio constitucional de un Estado de derecho, de legalidad y seguridad jurídica, sin contar ni respetar las sentencias de la Corte Constitucional: sentencia 019-16-SIN-CC del 22 de marzo del 2016, auto n.° 90-15-IN/19, de 9 de abril de 2019, sentencia 70-20-IS/21 y acumulados de 10 de noviembre de 2021.

Defas habla de la sentencia en la cual la Corte Constitucional declara inconstitucional el artículo 28 de la ley de Seguridad y le pide a la Asamblea emitir una ley sobre la conformación del Consejo Directivo, lo cual no ha ocurrido. Sin embargo, el tema de la sentencia ya ha sido aclarada tanto por las autoridades del IESS, como de los propios representantes de trabajadores y empleadores, en el sentido de que la sentencia habla de una inconstitucionalidad diferida, es decir que mientras no se dé el cambio en la ley, continúa vigente la ley anterior. (I)