Lo que dejará de percibir el fisco por el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que fue presentada ante la Asamblea por el Ejecutivo con carácter de urgencia económica, representará un impacto fiscal anualizado neto de $ 76,13 millones.

De acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, la ley establece una reducción en el ingreso para el fisco de $ 196,5 millones. Esto, ya que se permite una mayor deducción de gastos personales de los contribuyentes, con base al número de cargas familiares.

Sin embargo también habrá un incremento de ingresos por las reformas correspondientes al:

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  • Rimpe: $ 102,62 millones
  • IVA 12% de espectáculos públicos: $ 9,53 millones
  • Impuesto a la Renta Único para pronósticos deportivos: $ 8,67 millones.

Así, con sumas y restas, la caída de ingresos tributarios llega a los $ 76,13 millones. Según la justificación del Ministerio de Economía, la aplicación del proyecto busca un sistema tributario simple, progresivo equitativo y eficiente que evite la evasión y elusión fiscal y genere un crecimiento económico sostenido.

Sin embargo, expertos consideran que no ha habido desde el Ejecutivo un verdadero análisis de las consecuencias fiscales de la reforma, y más bien se ha buscado una salida política para el Gobierno.

En todo caso, aunque el Ejecutivo entregó la ley el 11 de mayo, y al tratarse de una ley con carácter de urgente que debe tratarse en 30 días, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no ha conocido el proyecto. Este organismo debe enviarlo a la Unidad Técnica Legislativa para que verifique si la propuesta cumple con los requisitos para que luego sea enviada a la comisión correspondiente. Estos días son justamente de elección de nuevas autoridades de la Asamblea, y por ende de un nuevo CAL.

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De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), lamentablemente ni el país, ni los ciudadanos, ni los gobernantes terminan de entender los problemas de fondo, relacionados con la salud de las finanzas públicas. Explica que en este año -hasta abril- ha habido $ 700 millones menos en ingresos petroleros, ha caído la recaudación de impuestos, no se espera que se concrete el ingreso de $ 1.000 millones por Sopladora, ni $ 200 millones de utilidad por la venta del Banco del Pacífico.

Entre tanto, las demandas sociales crecen cada día más, por lo que hay más gastos. En este sentido, considera que la reforma tributaria no está alineada con una política de responsabilidad fiscal, sino más bien sería una propuesta política que buscaría tanto apoyo popular como del legislativo para salir de la crisis de la destitución. “Es algo demagógico que corresponde a la ceguera política que hay en el país”. Asegura que el viernes pasado el saldo de caja era de $ 600 millones, lo que es un saldo muy bajo.

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Entre tanto, para Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el envío de la reforma tributaria tiene más un componente político, pensando en el contexto del juicio que se lleva adelante en la Asamblea, que un motivo fiscal o económico. Así buscaría, de alguna manera tener un respaldo de la clase media que se había visto afectada por la reforma tributaria, o entregar el mensaje de que el Gobierno se preocupa por este sector.

Considera que otro antecedente que ha llevado al Gobierno a la decisión de reformar el tema tributario es que la Corte Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el tema del Rimpe y solicitaba cambios para darle mayor progresividad al cobro, que antes obedecía a un tema fijo.

En cuanto a lo económico, García dice que aún ni siquiera se ha evaluado los resultados de la reforma tributaria del 2021, que vino en la Ley de Desarrollo Económico, y ya se hace una nueva reforma. “Aún estábamos esperando los elementos de juicio para ir valorando la reforma del 2021″. Se quería ver cuáles fueron los impactos en cada segmento de la población, si la reforma fue realmente progresiva, cuántas personas se incorporaron a la base tributaria, entre otros. En este sentido considera que se ha hecho la reforma sin tener los datos objetivos.

Entre tanto, considera que si bien el hecho de reducir el pago de impuestos deja a las familias con una mayor disponibilidad de recursos, el monto es pequeño, frente al consumo de hogares que es de $ 60.000 millones. En cuanto al tema del cobro de impuestos a los pronósticos deportivos, la ley no tendría un fin recaudatorio, sino más bien generar justicia tributaria.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, ha dicho en redes sociales que esta reforma, según el propio gobierno busca aliviar la carga a los contribuyentes. Sin embargo, aclara que esto significa buscar rectificar una ley que el propio Gobierno envío y que fue aprobada en noviembre del 2021. Recordó que en ese momento el Gobierno decía que la reforma solo afectaba al 4 % de la población, pero ahora reconoce que fue demasiado impactante. También señaló que no hay una correlación entre la subida de impuestos y la mejora de las cuentas fiscales, pues al tener el país una débil institucionalidad, cada vez que suben impuestos también sube el gasto fiscal. (I)