La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo iniciará acciones legales para que el Gobierno le devuelva de manera retroactiva los cinco centavos de dólar que ya se les concedió en octubre del 2019, a través del decreto 883, como parte de su margen de comercialización.

Esta devolución estaría en el orden de unos $ 300 millones, que intentan que sean asumidos por el fisco. Adicionalmente, la Cámara alista un nuevo plantón pacífico para el próximo 9 de febrero en la Plaza Grande de Quito e insiste en que se conceda una reunión definitoria entre sus directivos y el ministro de Energía, Fernando Santos, y el de Economía, Pablo Arosemena. En esta reunión se deberán tratar al menos tres puntos:

  • Mejora del margen de comercialización.
  • Que el Estado asuma el costo del transporte.
  • Eliminación de la doble retención del IVA.

Con estas declaraciones, los miembros de la Cámara dieron a conocer una vez más el malestar que tienen al no ver atendidos sus reiterados pedidos, desde hace varios meses.

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Ivo Rosero, presidente de la Cámara, recordó que este 25 de enero se cumplieron 20 años desde que se fijó un margen de comercialización a ser compartido entre distribuidores, comercializadoras y transportistas, y que se ha mantenido congelado por dos décadas. Ese margen que no ha cambiado en 20 años es de 16 centavos para la gasolina extra y de 13 centavos para el diésel. Se trata de cifras muy por debajo de lo que se cobra en países vecinos que tienen menores costos, pues -por ejemplo- tienen menor carga salarial.

La revisión de este margen, a través del aumento de 5 centavos, es uno de los pedidos que se están analizando entre el Gobierno y los distribuidores. Este incremento es independiente al reclamo retroactivo que se presentará en estos días. Rosero explicó que desde enero del 2022 se ha venido planteando con datos y documentos la problemática de las empresas distribuidoras y autoridades del Gobierno les han llegado a dar la razón, pero no terminan de tomar la decisión de incrementar el monto del margen, que en cambio representaría unos $ 166 millones anuales por parte del fisco. Rosero aclaró que al público en general no le representaría ninguna subida adicional. Para él, sí es viable este pago por parte del Gobierno porque hubo una subida de precios al público que le ha significado al Estado ingresos por $ 1.700 millones.

La Camddepe también hizo público el apoyo al reclamo realizado por la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Manabí (Asodigma) en vista de la grave situación financiera que se presenta principalmente en estaciones rurales y las que se encuentran ubicadas lejos de los terminales de despacho de Petroecuador. El tema del transporte es complejo. Expuso que las gasolineras que se encuentran en sitios remotos deben pagar hasta $ 70.000 anuales por el transporte, lo cual destruye cualquier tipo de potencial utilidad. Además, dijo que el Estado ya se hace cargo del flete del combustible para la provincia de Morona Santiago y debería actuar en consecuencia con el resto del territorio.

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Sobre el tercer punto, piden que se disminuya la retención del IVA que les hacen cuando ellos compran los combustibles en terminal. Esto se obtuvo con una decisión que tomó el Gobierno esta misma semana. Se ha logrado que se baje un 27 % la retención del IVA para la gasolina súper, el 60 % para la extra y el 50 % para al diésel. Rosero reconoció que esto les ayuda en el tema de liquidez, pero no en la rentabilidad. En todo caso, explicó que el pedido que hacen los distribuidores en este tema es que se elimine el IVA presuntivo, que ese IVA presuntivo se va recuperando poco a poco cuando el cliente adquiere el producto. Pero cuando venden al sector público, ellos retienen también el IVA y esto les genera problemas. Incluso, dijo que muchas gasolineras que han terminado contratos con el sector público han preferido no renovarlos para no tener estos problemas. La situación ha llegado a tal punto que en ciertas provincias, las ambulancias ya no tienen gasolina para su funcionamiento. (I)