Augusto de la Torre, quien preside la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del Sistema de Pensiones IVM del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) creada el 10 de enero, explica cuál es la hoja de ruta de dicha Comisión y la necesidad impostergable de realizar cambios en los parámetros y la administración en el sistema de pensiones. Asegura que frente a la realidad actual del sistema de pensiones, el no hacer nada equivaldría a dejar que este colapse. Y que todos los diagnósticos coinciden en que el sistema tiene un problema de insolvencia actuarial. Lo único que no se sabe con certeza es cuándo el problema actuarial, que es a largo plazo, se convertirá en un problema de caja, es decir inmediato.

¿Ha habido avances en la nueva Comisión, puede compartirnos iniciales resultados?

Hemos tenido ya una buena cantidad de reuniones y pensamos celebrar reuniones de tres tipos. Las primeras han sido internas, las que tienen como principal propósito dialogar con los comisionados para tener un mínimo de entendimiento del sistema de pensiones y las posibles reformas. Vamos a tener una reunión con una comisión similar a la nuestra pero de Uruguay, que acaba de pasar por un proceso parecido. Hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que nos ayude haciendo el contacto. Dentro de estas reuniones internas también hemos discutido un excelente estudio que han realizado los técnicos del IESS. Un segundo tipo de reuniones son las especializadas, en las que están los más técnicos del grupo para discutir temas de números, analizar la data. Un tercer tipo de reuniones, que no hemos empezado aún, son las de consulta con la sociedad civil.

Publicidad

¿Los miembros de la Comisión son técnicos o cuál fue el criterio que llevó a su selección?

Había dos opciones. La primera era formar una comisión con personal solo técnico. La ventaja en ese caso hubiese sido que todos hablarían el mismo idioma; pero la desventaja, que estarían como en una burbuja y solo conversarían entre ellos. El otro modelo de Comisión, que a mi me gusta más y que es la que se escogió, fue tener comisionados más diversos pero con una buena secretaría técnica. Así los comisionados ayudan a canalizar distintas visiones y opiniones. Los actuales miembros tienen diversidad territorial, de profesiones, de edades, de género, de origen étnico. Ellos nos han dado visiones diversas. Por ejemplo, uno de ellos nos explicaba cómo las personas pobres en los territorios piensan sobre su protección en la vejez, la importancia de las remesas, el núcleo familiar y el bono de desarrollo. Otra de las comisionadas decía que para ella no era atractivo afiliarse al IESS y tener la totalidad de los beneficios: salud, pensiones y seguridad, reserva, desempleo. Para ella sería una posibilidad afiliarse solo a pensiones, aunque tiene dudas sobre la viabilidad a futuro. A salud, preferiría no hacerlo. Esas cosas no las ven los técnicos.

¿Ya se puede hablar de un diagnóstico? La Mesa de Estudios ha dicho que el fondo de pensiones podría durar diez años. ¿Ustedes también lo ven así?

Publicidad

Hay varios diagnósticos que llegan a distintas conclusiones sobre la vida del fondo, según los presupuestos que se utilicen. Pero todos convergen en la idea que el sistema está actuarialmente insolvente. La diferencia entre unos y otros radica en determinar qué tan rápido el problema actuarial se va a convertir en un problema de caja. Actualmente el sistema de salud ya tiene problemas de caja al rojo vivo, hay problemas en servicios, retraso en pagos. El de pensiones no está en la superficie, pero está empezando a aflorar. El fondo de pensiones tiene $ 5.000 millones, cantidad que equivale a un año de pago de pensiones. Se debe establecer si esos dineros se pueden usar o no de manera inmediata. En el diagnóstico que hicimos con el Banco Mundial (BM) pudimos determinar que más de la mitad está invertido en préstamos hipotecarios, que no se pueden recuperar inmediatamente. Otra parte está en bonos del Gobierno, pero si se quisiera recuperar liquidez deberían venderlos con descuento. Por ello en ese estudio nos aventuramos a decir que el fondo tenía dos o tres años de vida. En este sentido, hay que hacer la reforma ya. Si la hacemos este año o el próximo, estamos aún a tiempo.

¿Cuáles son las opciones de estructura del sistema que se está pensando?

Publicidad

Al momento de pensar en la reforma, la pregunta que debemos hacernos todos es si queremos una estructura administrativa diferente a la actual. Y si la respuesta es positiva, ahí viene otra pregunta: vale o no la pena separar al sistema de pensiones del sistema de salud. Nuestra actual estructura genera problemas para quienes por ejemplo quieren afiliarse al sistema de pensiones, pero no al de salud.

¿Usted ha hablado de una estructura multipilar del sistema de pensiones, a qué se refiere y se podría aplicar al ecuatoriano?

En la experiencia internacional, lo que se ha aprendido es que los extremos no son buenos. Por ejemplo, en Chile había un sistema de un solo pilar de ahorro individual, nosotros tenemos un sistema con un solo pilar de reparto. Ambos son extremos. Otros países como Costa Rica, Uruguay o Estados Unidos tienen sistemas multipilares que incluyen incentivos para el ahorro. En el Ecuador deberíamos tener, además, un pilar para la atención asistencial, porque es conocido el problema de informalidad. Cómo se administren todos estos sistemas, es otra cosa. Por ejemplo, el asistencial podría administrarlo el Estado, vía impuestos; el sistema de pensiones en general, una entidad especializada en pensiones.

Al hablar de que una entidad de pensiones podría ser la que administre, ¿estamos abriendo la puerta a una posible privatización del IESS?

Publicidad

No, ni de lejos. Si el Estado construye una carretera, pero para ello contrata una empresa privada para construirla no es privatización.

No sería privatización, pero si en cambio se concesiona la carretera y se permite el cobro de una tarifa, podría parecer privatización.

No se trata de privatizar y hay que tener mucho cuidado en qué vamos a proponer, para que no sea interpretado, porque en realidad no va a ser así, como una privatización. Para mí el sistema de pensiones es público por definición.

Muchos ciudadanos se preguntan si será necesario aumentar años, los aportes o cambiar el cálculo de pensiones. ¿Es así y cuáles serían las razones?

Si no lo hacemos, el sistema no va a poder pagar las pensiones a futuro y le vamos a pasar la cuenta a los jóvenes. No hacer nada equivale a dejar que el sistema quiebre. Lo que hay que hacer, obviamente va a implicar reformas a los parámetros del sistema. Hay que recalibrar los parámetros porque el sistema que tenemos se hizo cuando teníamos una población más joven. Cuando había más de 10 aportantes al sistema, pero ahora solo tenemos 5,5 por cada jubilado. En 2010 existían 200.000 jubilados, ahora tenemos 500.000 jubilados.

¿El cambio de parámetros se hará como medidas de shock o habría un periodo extendido?

Toda reforma pensional respeta los derechos adquiridos, no puede ser un cambio de shock. Si tienes un jubilado que ya recibe su pensión, eso no se puede quitar. Pero el tema es dónde trazas la línea para que empiecen las nuevas reglas. Típicamente lo que he visto en sistemas que han cambiado como norma son dos o tres años. Si estás a seis años a jubilarte, pero ya has contribuido 20 años, se debe reconocer lo que ya contribuiste. Las reformas entran en vigencia de manera gradual. Supongamos que se decide que Ecuador quiere ir a tomar en cuenta no los 5 mejores, sino los 20 años de salarios. Cada año se va aumentando el número de años. Estos cambios se deben hacer técnicamente, hay que hacer las corridas para ver si producen el efecto deseado. El efecto deseado es tener un sistema de pensiones financiado, viable financiera y fiscalmente, sostenible, equitativo, creíble y que genere expectativa de tener una pensión razonable en tu vejez.

Desde los trabajadores se sostiene que el problema del IESS no es que no alcance el dinero, sino que el Estado no ha cumplido con sus contribuciones y que hay deudas muy fuertes. ¿Cómo están pensado el cumplimiento del Estado de estas deudas?

Es cierto que la deuda que el fisco no ha documentado y que no está reconocida es parte del problema. También es cierto que ha habido errores de gestión que pueden haber agravado la situación. Lo que no es cierto es que si se reconoce y pagan las deudas todos los problemas se arreglan. De hecho, la Comisión seguramente recomendará que lo más pronto posible el Ministerio y el IESS se pongan de acuerdo en el tamaño de la deuda y que haya un plan de pagos. Nosotros necesitamos esos números para poder incorporarlos a nuestro análisis.

¿Cómo ve la viabilidad política, siendo el tema del IESS tan sensible y con la debilidad del Gobierno?

La viabilidad política de cualquier cosa en el Ecuador es muy delicada. Esperaría que nos demos cuenta que no hacer nada equivale al matarle al sistema de pensiones. Entonces hay dos tensiones: reformar es políticamente inviable -dice alguna gente-, porque no hay acuerdo político; pero también es inviable que el sistema reviente. Lo que la comisión va a hacer no es vinculante, pero tenemos la esperanza que la propuesta va a ser resultado de un proceso de diálogo técnicamente bien armado, y transparente, para que tenga legitimidad, y haya más grupos de la sociedad que le pongan presión al sistema político a fin de que no dejen que el sistema se caiga.

¿Cuándo empiezan las consultas a la sociedad?

Aún estamos afinando la manera de abrir un espacio con otros sectores que quieran participar. Esperamos empezarlas en febrero. Estamos confeccionando una lista de grupos que queremos invitarles a reunirse con nosotros. Queremos hacer consultas en Quito, Guayaquil y Cuenca y quizás en otras ciudades. Estamos pidiendo la colaboración de universidades.

¿Las discusiones serán abiertas? ¿Se las podrá conocer en directo o ya los resultados?

Los resultados principalmente. Hay que encontrar un balance apropiado para que haya franqueza, civilidad y transparencia en la conversación. Lo que hemos propuesto es que las reuniones de consulta sigan las normas Chatham House. La idea es que la conversación se hace en una sala a puerta cerrada para que la gente pueda hablar con libertad y francamente, pero cuando se termina, los participantes pueden hablar con quienes quieran, y pueden describir los temas que se discutieron. La única condición es que al hablarlo no se personalice de dónde vinieron las diversas opiniones. (I)