El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, anunció que el próximo lunes, 8 de mayo, el Ejecutivo tiene previsto entregar a la Asamblea Nacional la nueva reforma tributaria. El Gobierno plantea subir el nivel de deducción de gastos personales a $ 15.200 anuales.

Arosemena dio la noticia en un congreso internacional organizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y que se desarrolló el jueves.

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El titular de Finanzas explicó que Carondelet busca “dar alivio a los bolsillos” de los ciudadanos, como parte de la política económica cuyo horizonte es el orden fiscal. “Nosotros ahora estamos en posición de poder plantear una reforma tributaria que le ponga recursos en el bolsillo a la gente, pero que al mismo tiempo esté compensada, que sea fiscalmente responsable”, mencionó.

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Aclaró que no se trata de “volver al pasado”, sino que “es evolucionar” con un esquema novedoso, en el cual se tendrán en cuenta el número de cargas familiares de los contribuyentes.

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Describió que “no es lo mismo una persona que tiene dos o tres hijos, a una persona que no los tiene, o una persona que tiene un familiar que padece una condición especial o una situación de enfermedad catastrófica”.

La oferta es bajar impuestos a la clase media, en forma “fiscalmente responsable”, dijo el titular de Finanzas.

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Esta nueva propuesta tributaria del Gobierno dista de la Ley de Desarrollo Económico, vigente desde noviembre de 2021, en la cual se eliminó la deducción de gastos personales que era de hasta $ 14.576. Ahora el tope de gastos personales para aplicar a la rebaja de impuesto a la renta equivale a siete canastas básicas familiares; para 2023 el techo se fijó en $ 5.344,08.

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Los cambios tributarios beneficiarán principalmente a las personas que ganan entre $ 800 y $ 3.000, adelantó el director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, en una entrevista en Ecuavisa.

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Con respecto a las cargas familiares de los contribuyentes, Briones resaltó que no tienen la misma situación las personas con ingresos de $ 2.000 o $ 1.500 que no tiene hijos o cargas, en comparación con quienes ganan la misma cantidad pero que sí tienen dependientes.

“Son dos realidades económicas diferentes y la política tributaria tiene que tener en cuenta eso”, apuntó.

A criterio del presidente de la Federación Nacional de Contadores, Idrián Estrella, lo que pretende el Gobierno es retomar el esquema tradicional de deducción de gasto personal que funcionaba antes de la Ley de Desarrollo Económico.

Era un sistema sencillo al que los contribuyentes estaban acostumbrados. En cambio el mecanismo vigente todavía genera confusión, provoca un aumento en el pago del impuesto a la renta y ha desmotivado a los usuarios a pedir facturas por sus consumos, comentó Estrella.

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“El gobierno acertadamente está retomando el gasto personal que antes tenía. Los $ 15.200 están alrededor del monto que se esperaba para este año (2023) si se hubiera mantenido el esquema anterior”, dijo el experto.

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El abogado tributario Javier Bustos dijo que resultó algo sorpresivo que el Ejecutivo anuncie que se revisarán los impuestos, en medio de la tensión política que existe entre el presidente Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional, por el juicio político.

Bustos observó que la deducción de gastos personales es un tema marginal dentro del régimen tributario, que favorece a un pequeño sector de contribuyentes que son quienes tienen ingresos superiores a los $ 2.000 mensuales.

Sin duda, en la reforma tributaria habrá más temas que la deducción de gastos personales. Además habrá que ver cómo actúa la Asamblea Nacional con el proyecto de ley, si quita, disminuye o sube impuestos, reflexionó el abogado.

“La Asamblea no hace ningún análisis técnico ni presupuestario, sino netamente político. Por este tema podría abrirse la puerta y bajarse un montón de otras cosas de las leyes tributarias y dejarle mucho más complicado al Ejecutivo es claramente el objetivo”, opinó Bustos.

La reforma también traerá medidas enfocadas a reducir impuestos a los negocios populares que menos facturan. Y se revisarán algunos beneficios que goza el sector productivo. Briones explicó que el proyecto de ley significará un impacto fiscal de $ 200 millones. (I)