La imagen de una economía seria y un aval en los mercados internacionales que beneficiará al Ecuador frente a organismos multilaterales para el 2023 son los beneficios que este viernes 16 de diciembre resaltó el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, tendrá el país tras culminar con éxito el programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el primero en los últimos 20 años.

Este acuerdo de financiamiento, por $ 6.500 millones, duró 27 meses entre Ecuador y el FMI, cuya subdirectora gerenta y presidenta interina, Antoinette Sayeh, indicó que estos fondos ayudaron al país a mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia y otros shocks externos, manteniendo la estabilidad macroeconómica.

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Mientras tanto, Arosemena recordó que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se renegociaron las condiciones del acuerdo con el ente multilateral, “en condiciones favorables para el pueblo ecuatoriano de tal suerte que se sigue trabajando en el orden fiscal, pero sobre todo con un mayor enfoque social”. Destacó que el aval que ganó Ecuador por el cumplimiento con el FMI se da de cara a un 2023 complicado por una potencial recesión global.

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“Haber cumplido con éxito un acuerdo con el Fondo no solamente que te da un último desembolso, sino que además te permite tener una imagen internacional que se proyecta con seguridad y el Ecuador como un país serio que tiene la capacidad para ir ordenando su economía y sacarlo adelante”, resaltó Arosemena, quien resaltó tres elementos dentro del cumplimiento del programa con el FMI: el fiscal, el social y la transparencia.

En el ámbito fiscal, aseguró que el Gobierno ha bajado “dramáticamente” el déficit fiscal de 7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020 a 2,7 puntos del PIB en este año. Además la deuda pública también bajó de 64 % del PIB en el 2020 al 57 % en el 2022.

“En el pasado, gobiernos anteriores cuando bajaban el déficit fiscal aumentaban el endeudamiento”, recordó Arosemena, quien en el ámbito social indicó que para el 2020 solo 3 de cada 10 familias recibían un bono social, mientras que este año subió a 8 de cada 10 familias. “Hemos duplicado la cantidad de núcleos familiares beneficiarios de la ayuda social”.

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En cuanto a la transparencia, aseguró que en la proforma del 2023 reflejaron toda la contribución que el Estado debe de hacer a la seguridad social. Recordó que en el 2015 se eliminó esa contribución del Estado, que fue retomada en el 2019.

Mientras, sobre cómo continuarán las relaciones con el FMI en el 2023 después de cumplir el acuerdo de financiamiento y si se empezaría otro programa, Arosemena indicó que se analizará en el próximo trimestre, aunque aclaró que ya se tiene financiado el presupuesto del 2023, por lo que no tendría mucho sentido iniciar un nuevo acuerdo con el organismo multilateral el próximo año.

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“Normalmente cuando necesitas hacer un programa es cuando necesitas recursos, pero nosotros ya tenemos financiado el presupuesto del próximo año sin contar con recursos de un potencial programa con el FMI, entonces no habría una razón para tener un programa para recursos para el próximo año que ya lo tenemos financiado”, sostuvo Arosemena, quien aseguró que las necesidades de financiamiento en el 2022 fue de $ 9.500 millones, mientras que para el 2023 se proyecta un descenso a $ 7.500 millones, es decir, “$ 2.000 millones menos que tenemos que salir a buscar”.

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Añadió que “en este momento no necesitamos, pero sí queremos tener todas las opciones abiertas porque la economía es dinámica y las circunstancias cambian, entonces siendo muy concretos trabajaremos con el Fondo Monetario hombro a hombro para el próximo año como lo hemos venido haciendo, pero buscar un nuevo programa es algo que en este momento, en este punto del camino, no lo hemos definido nosotros, y en el transcurso de los próximos meses tomaremos una definición (...) no todo con el fondo tiene que ver con recursos, también tiene que ver mucho con cooperación técnica”.

En tanto, sobre los desafíos mencionados por Sayeh para consolidar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, como una reforma de los subsidios a los combustibles, el ministro reconoció que Ecuador evidentemente debe hacer un cambio en ese sentido, al señalar que el país destina alrededor de $ 4.000 millones anuales a buscar combustibles, más que lo que se destina a los presupuestos de educación, salud y educación, por ejemplo.

Asimismo, también indicó que para ese cambio debe existir el apoyo de la sociedad civil, porque “este Gobierno ya ha intentado en su momento mirar focalizando y ha habido cierta resistencia de cierta parte de la sociedad civil”. (I)

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