El complejo habitacional de 140 viviendas -construido hace casi una década cerca de donde se levantaría una refinería de crudos pesados en el sector de El Aromo- tiene problemas por deterioro en varias de las casas, que en principio se destinarían para la residencia de quienes ahí trabajarían. El principal problema es la falta de dinero para el mantenimiento.

Ese bien tiene un costo de $ 13 millones, y es parte de los activos de la empresa Refinería del Pacífico en liquidación, como lo son la plataforma de la fallida refinería, el acueducto, así como oficinas y otros bienes inmuebles, pero está categorizado como una facilidad industrial y no como una urbanización, y sobre ese predio hay una licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente, según confirmó José Herrera, liquidador de dicha empresa.

Para evitar que se sigan deteriorando, Herrera indicó que se ha dicho a los accionistas que hay dos opciones: se da al accionista mayoritario que es Petroecuador, o se entrega o vende para sanear el pasivo que tiene la empresa, convertirla en urbanización; pero antes se debe sanear un problema con el municipio de Manta, que en el 2018 inició un juicio coactivo por el pago del impuesto 1,5 por 1.000 a los activos de la empresa, lo que impide la intención de venderlo.

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“Yo sé que se están deteriorando y de hecho nosotros hicimos el año pasado un leve mantenimiento y así se les va informando a ellos, por eso es necesario de forma urgente tomar una decisión, una decisión que un poco sobrepasa nuestra capacidad”, declaró Herrera sobre este y otros bienes como la plataforma y el acueducto, que ahora traslada agua cruda a varios cantones manabitas, pero que no recibe ningún centavo de los beneficiarios, e incluso ha sido saboteada por personas que clandestinamente se han conectado al sistema.

Por el momento, la empresa en liquidación trata de sanear deudas o nudos críticos con acreedores, y de por medio juicios existentes.

De acuerdo con la Ley de Compañías, el pago al mayor accionista acreedor se lo hará luego que, por orden de prelación, se cancelen otras deudas menores, pero Herrera sostiene que ya han llegado a un punto donde ya no pueden pagar más a otros acreedores porque hay juicios pendientes.

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Pero señala que no pueden esperar a que se resuelvan los juicios para llegar a pagar al accionista acreedor mayoritario, y por ello se ha realizado la consulta a la Superintendencia de Compañías.

“Porque si espero que se terminen los juicios para pagar a los accionistas acreedores, el patrimonio se va a deteriorar y esta empresa no tiene recursos para darle mantenimiento, no tiene recursos para operar el acueducto, no tiene recursos para pagar la energía eléctrica, los municipios (que se benefician del acueducto) no pagan”, declaró Herrera.

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Solo en el tema de aseguramiento de los bienes de la fallida refinería, el año pasado se desembolsó más de un millón de dólares, incluyendo el impuesto al valor agregado.

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Además, se debe pagar el sueldo de 28 personas asignadas a la refinería. De ese número, 17 están asignadas al acueducto, por las cuales se desembolsan mensualmente más de $ 20.000. Otros $ 20.000 se pagan mensualmente por guardianía, agua y energía eléctrica y otros, pero el mayor rubro que se destina cada mes es lo referente a la dotación de energía eléctrica para el acueducto, que llega a los $ 100.000, según Herrera.

“Lo grave es que los recursos de esta empresa, los pocos recursos que se tenían hubieran podido alcanzar para hacer algunas mejoras al patrimonio, o tomar algunas decisiones si es que no hubiéramos tenido que operar el acueducto, esta empresa no puede seguir pagando sueldos a un grupo de técnicos, ni pagando un mantenimiento, ni pagando energía eléctrica, ni pagando un costo administrativo de un sistema que no genera un centavo, no podemos seguir pagando costos de licencias ambientales, no podemos seguir pagando pólizas de cumplimiento de planes de manejo ambiental”, declaró Herrera. (I)