Ante el pago pendiente del laudo arbitral a su favor, Perenco acudió a un tribunal de Singapur y en Reino Unido para registrarlo en busca de que se congelen las cuentas de Ecuador en estas dos jurisdicciones y se embarguen los pagos comerciales y las cuentas por cobrar. Hace un mes se conoció de una acción similar realizada en Luxemburgo con ese mismo fin.

En una nota de prensa la petrolera anglofrancesa indica que “Ecuador aún no ha hecho ninguna propuesta al respecto y, por lo tanto, a Perenco no le ha quedado más remedio que tomar nuevas medidas para seguir haciendo valer sus derechos de pago contra Ecuador en otras jurisdicciones”.

Ese comunicado fue recogido este 1 de septiembre del 2022 por Ciar Global, revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana. También por otros medios internacionales como Infobae.

Publicidad

En reiteradas ocasiones el Ministerio de Economía y Finanzas ha ratificado que va a cumplir, pero que lo hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano, pues esa petrolera mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). “Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía, que ya no opera en el país, para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos”, indicó esta cartera de Estado en un comunicado a inicios de agosto.

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley n.° 42 del 25 de abril de 2006. En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente al 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, ese porcentaje se incrementó al 99 % mediante el Decreto Ejecutivo 662 del 4 de octubre de 2007, dictado durante el gobierno de Correa.

El comité ad-hoc del Tribunal Arbitral, en el marco del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia, estableció una indemnización a Perenco por $ 374 millones, luego de descontada la indemnización por daños ambientales en favor de nuestro país. En la fecha en la que se realice el pago del laudo se deberá hacer también la liquidación de los intereses que corresponda, ha explicado esa cartera de Estado sobre el monto del laudo.

Publicidad

Sobre Ecuador pesa también otro laudo arbitral y el Gobierno reafirma su postura de que cumplirá con todas las obligaciones, aunque este proceso que se lleva en instancias internacionales aún se pelea.

Y es que la Corte de Apelación de Santiago de Chile admitió a trámite el recurso de anulación que interpuso la Procuraduría del Estado ecuatoriana –en representación de Petroecuador– contra el laudo del caso Pañaturi.

Publicidad

La Procuraduría informó que en defensa de los intereses de la petrolera estatal interpuso ante las cortes chilenas un recurso de anulación de dicho laudo que condenó a Petroamazonas (ahora fusionada con Petroecuador) al pago de $ 21′270.125 por incumplimiento del contrato del campo Indillana, $ 21′996.963 por incumplimiento del contrato del campo Limoncocha y $ 16′230.424 por incumplimiento del contrato del campo Yanaquincha Este. En total los pagos suman casi $ 59,5 millones.

Ante esto, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, indicó este 1 de septiembre que el presupuesto general del Estado es deficitario, pero que “Ecuador va a cumplir con todas sus obligaciones nacionales e internacionales. Son esfuerzos que tenemos que hacer y claro un dólar que asignes a un sector tienes que dejar de asignar a otro sector. Pero les puedo asegurar que el Gobierno nacional va siempre a cumplir con el total de sus obligaciones locales e internacionales”.

El arbitraje empezó en el 2019 con la demanda de la empresa Servicios Integrados Pañaturi S. A. El Tribunal Arbitral declaró que Petroamazonas incumplió los contratos entre 2015 y 2017.

En un comunicado la Procuraduría explicó que ese laudo fue dictado el 21 de febrero del 2022 y tenía el carácter de confidencial, pero que al interponerse el recurso de anulación dicha condición se ha levantado. (I)

Publicidad