Luego de cinco años desde la liquidación forzosa de Proinco Sociedad Financiera, solo 11 personas de 1.400 afectadas, es decir, menos del 1 % ha recibido su dinero de vuelta. El otro 99 % no ha recibido sus haberes ni la ayuda de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede). Más bien, hace pocos días, la Superintendencia de Bancos y Seguros anunció la terminación del proceso de liquidación, con lo cual los afectados pierden la posibilidad de recuperar sus dineros.

Por ello, el Comité de Víctimas que aglutina a 1.400 familias, a las cuales se les deberían al menos $ 100 millones, busca por varias vías evitar este cierre definitivo. Gisella Corrales, presidenta del grupo, explicó que la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional acaba de aprobar una moción, propuesta por la asambleísta Nathalie Viteri (PSC), en la cual se le pide a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, que reabra el proceso de liquidación y que se envíe un listado real de los afectados, a fin de que el Cosede pueda hacer los pagos respectivos.

Corrales expuso que el proceso de liquidación estuvo plagado de errores. Entre ellos, dijo que hay sobreestimación de algunas acreencias y que el liquidador Ramiro Ramírez no ha hecho una revisión rigurosa de la contabilidad, pues si se hiciera este proceso, entonces se podría determinar quiénes son los acreedores. Expresó que ellos han logrado detectar, por ejemplo, una acreencia verdadera por $ 18.000 que aparece en las cuentas del liquidador como por $ 98.393, “es decir, el valor se infló, no se sabe con qué fin”, añadió. Existen 86 casos más de otras irregularidades, afirmó.

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Aseguró que entre los perjudicados hay muchas personas de la tercera edad que confiaron en el sistema financiero. Incluso, muchos de ellos hicieron inversiones de los bonos que el Gobierno les entregó por el incentivo de la jubilación, aconsejados por Casas de Valores. Aseguró que todas las víctimas entregaron sus dineros en el edificio de Proinco y que luego, con engaños, les canjearon sus certificados por otros de empresas relacionadas.

Sin embargo, la postura de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, ha sido invariable: la ley no permite pagar a través del Cosede a cientos de acreedores, simplemente porque no tienen los certificados que acrediten dichas deudas. Arregui hizo un recorrido histórico por lo acontecido con Proinco hace pocos días, ante el seno de la Comisión de Transparencia.

El 13 de junio de 2016 Proinco fue declarada en liquidación forzosa, luego que la Superintendencia de Bancos detectara que existían operaciones ilegales de captación a través de empresas relacionadas con Proinco. Por este caso, el principal de Proinco, Santiago Ribadeneira, está cumpliendo una sentencia de 13 años y cuatro meses. Pero además ha sido condenado a hacer la reparación económica por $ 98,8 millones.

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En cuanto al proceso de liquidación, de acuerdo con Arregui, en un inicio había un saldo contable por pagar $ 221.704 sobre el cual se pagaron $ 219.049. Estas cantidades distan mucho de los $ 100 millones que los cientos de depositantes dicen entregaron a Proinco.

La superintendenta también reconoció que en mayo del 2019 se llamó para calificación de acreencias a toda persona natural o jurídica que demostrara su acreencia documentadamente. Así se presentaron 446 acreencias, pero de estas apenas 2 fueron calificadas y pagadas.

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Arregui explicó que del total de 446, unas 262 no tenían títulos por lo que no pueden ser honradas por la entidad financiera liquidada. Sobre otras 42 acreencias no se ha podido identificar que provengan de Proinco. Otras 120 acreencias eran de propiedad de las empresas Marktrade, Encaisser, Minga, InmoProinco y otras que no serían sujetos de obligación por parte de Proinco Sociedad Financiera. Haciendo una evaluación general, se conoce que entre 2016 y 2019 se ha pagado a 11 personas menos del 1 % del total.

La superintendenta sostuvo, además, que ya pasaron los cinco años (tres de plazo y dos de prórroga) que existen legalmente para el desarrollo de un proceso de liquidación.

También reconoció que se le hizo llegar información que sostenía que había unas 262 personas que tuvieron depósitos en Proinco y que posteriormente, con engaños, pasaron a tener documentos fraudulentos de Maktrade, Encaisser, Minga, Inmoproinco. Esto es justamente lo que constituye la causal de estafa masiva. Y este es el monto que se le indica a Ribadeneira que debe cubrir a modo de reparación. Sin embargo, dijo también Arregui, los perjudicados deberían acudir a la Superintendencia de Compañías y buscar recuperar sus dineros con los liquidadores de las empresas.

Frente a esta postura, Corrales aseguró que si la superintendenta no acoge las peticiones que hacen los afectados y la propia Asamblea, entonces, se optará por impulsar un juicio político a la funcionaria. Otra vía posible es la de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ella consideró que si hubiese habido los controles necesarios por parte de las Superintendencias de Bancos y de Compañías, el tema no hubiera terminado así.

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Desde la Asamblea, Viteri exhortó a la superintendenta y al liquidador a que favorezcan a estas personas que han debido estar cinco años de un lado para otro buscando que se les entreguen sus dineros. A su entender, dentro de la Constitución y la ley sí existen disposiciones que permiten que se puedan ampliar los plazos de la liquidación cuando ha habido demoras imputables al propio liquidador.

Entre tanto, desde la cárcel, Santiago Ribadeneira ha dado en meses anteriores declaraciones en el sentido de que lo que sucedió con Proinco fue por causa de la propia Superintendencia de Bancos que le obligó a la liquidación forzosa, pese a que ellos mismos habían dado el aval para realizar las operaciones con las otras empresas del grupo. En octubre del 2020, Ribadeneira pidió el indulto al presidente Lenín Moreno, y su propuesta era que ya en libertad pudieran formar un fideicomiso con los activos de Proinco para intentar rescatar los haberes. Actualmente los perjudicados se oponen vehementemente a que el actual Gobierno, en medio de los procesos de indulto para oxigenar las cárceles, se lo entregue a Ribadeneira.

Entre las últimas noticias que se conocieron de Ribadeneira, en septiembre del 2020, consta que habría sido envenenado, pero que se recuperó. (I)