La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero solicitará al Consejo de la Judicatura del Guayas que investigue los móviles que tuvo la jueza del cantón Yaguachi, Deida Verdesoto, para dictar medidas cautelares y suspender la aplicación del Acuerdo Ministerial 047, que fija en $ 35,05 el precio de la tonelada de caña de azúcar. Actualmente, el costo de la tonelada se ubica en $ 31,70.

La resolución planteada por el legislador Eduardo Mendoza Hurtado fue aprobada por unanimidad de siete asambleístas presentes en la sesión de este 24 de agosto, en la que se condena la actuación de la jueza de la Unidad Multicompetente de Yaguachi y también la mesa legislativa acordó solicitar la intervención inmediata del defensor del Pueblo y del superintendente de Control del Poder de Mercado para que apelen la resolución judicial a fin de restablecer la aplicación del Acuerdo 047.

Cañicultores piden al ministro Bernardo Manzano que derogue el acuerdo que fijó precio de tonelada de caña y emita otro confirmando los $ 35,05

El pasado 19 de agosto, la jueza Verdesoto aceptó las medidas cautelares presentadas por cinco ingenios azucareros: Valdez, San Carlos, Monterrey y Azucarera Lojana, Agroazúcar y Del Norte, representados por la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador.

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Mendoza comentó que la razón y la justicia están de lado de los cañicultores, porque “durante siete años han estado sometidos al régimen de los dueños de los ingenios que pretenden burlarse del Ecuador escondiendo la gigantesca utilidad que obtienen del negocio de la caña de azúcar, sin declarar la rentabilidad de los subproductos industriales como el papel que elaboran del bagazo y el etanol que venden a Petroecuador”.

Recordó que los Ingenios reciben combustible subsidiado, energía eléctrica subsidiada, de tal forma que ellos no están expuestos a los vaivenes del mercado de insumos agrícolas ni de los precios del petróleo.

El legislador comentó que los pequeños y medianos cañicultores son rehenes de los dueños de los ingenios, que están obligados a cumplir las condiciones que se imponen en los contratos.

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Mendoza indicó que el 2 de agosto pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería solicitó al Ministerio de Gobierno el inicio de un operativo de control para la industria azucarera que, según denuncias formales de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del cantón Milagro (Apcam) y de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador (UNCE), la industria no solo está incumpliendo el acuerdo ministerial, sino que también irrespeta las leyes y las normativas.

Para solicitar que la Comisión legislativa de Soberanía Alimentaria pida una investigación a la actuación de la jueza de Yaguachi, Mendoza consideró que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC) determina que los jueces multicompetentes son competentes para conocer y resolver sobre las infracciones o las normas contenidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor cometidas en su jurisdicción. Que ese artículo es coherente con el artículo 231.3 del Código Orgánico de la Función Judicial que determina que los jueces de contravención son competentes para conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (I)