El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Richard Gómez, finalmente asumió este jueves 5 de enero del 2023 el despacho en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como representante de los trabajadores en el Consejo Directivo.

Él fue presentado en octubre por algunas organizaciones como candidato para la vocalía de los trabajadores al Consejo Directivo del IESS, pero otras centrales sindicales postularon a otras personas y eso originó una pugna que se llevó a instancias judiciales.

Gómez aseguró que el viernes 30 de diciembre firmó la acción de personal que oficialmente lo convierte en el vocal que faltaba de ser reemplazado en el IESS, pues el representante de los empleadores sí logró ser calificado y posesionado dentro de las disposiciones emitidas por el Gobierno -a través de un decreto ejecutivo- para el recambio de los integrantes de este Consejo de Directivo pues los anteriores llevaban años en funciones prorrogadas.

Publicidad

Indicó que incluso el sábado ya participó en su primera sesión del Consejo Directivo del IESS y que asumir el cargo no solo se da “en cumplimiento de la parte democrática en función del Decreto 571 sino también de la sentencia dictada por el juez constitucional del caso que tuvimos que lamentablemente llevar a la justicia constitucional, el caso está cerrado, la sentencia está ejecutoriada”.

Publicidad

Considera que ahora que ya está este tema ejecutoriado, el otro juez debe inhibirse de conocer la causa que interpusieron las centrales sindicales históricas que postularon a otro candidato: Ramiro García.

Esas organizaciones sindicales y sociales que conforman el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) no reconocen a Gómez como representante de los trabajadores y este jueves resolvieron mantenerse en reuniones permanentes para definir acciones como movilizaciones, plantones, concentraciones y medidas legales.

Buscan “acciones en defensa de la Seguridad Social y de sus legítimos dueños que son los afiliados, pensionistas, campesinos y jubilados. Richard Gómez no representa a los trabajadores, sino al Gobierno”, indica el comunicado oficial de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Representante del FUT anunciaron el martes que presentaron una denuncia penal contra Gómez por supuesta usurpación de funciones de servicio público y también objetan a las autoridades del IESS si firmaron la acción de personal para que asuma en el Consejo Directivo el presidente de la CUT cuando había una medida judicial que lo impedía.

Publicidad

El problema de la conformación del Consejo Directivo se viene arrastrando desde ocho años al menos. La Corte Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad sobre la conformación del Consejo Directivo, pues se consideraba que no se estaban tomando en cuenta a todos los posibles sectores que conformaban tanto el sector empleador como el trabajador. La Corte dispuso que dos incisos del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social que se refería al tema quedaban en inconstitucionalidad diferida, hasta que la Asamblea redactara otra ley que aclarara el tema. Sin embargo, la ley salió recién en el 2021, pero fue vetada por el presidente Guillermo Lasso, pues se consideró que no se cumplía con la mayor inclusión y que el establecimiento de una presidencia rotativa afectaría la gobernabilidad y generaría una politización. La Asamblea debía esperar un año para retomar el tema, pero aunque ya se cumplió el plazo, no lo hacía.

Como una medida para salir del entrampamiento, el 3 de octubre pasado, el Gobierno emitió el decreto 571 que reformaba el reglamento para elegir a los miembros del Consejo, tanto a los que representan al sector empresarial como al trabajador. El presidente de la República dio 15 días de plazo para que sean nombrados un candidato de cada sector para ser calificado por la Superintendencia de Bancos. El proceso se cumplió con respecto al representante de los empleadores, pero no sobre los trabajadores, que presentaron más de un candidato. En ese intermedio, la Asamblea se ratificó en la ley que había vetado la Presidencia y la Superintendencia consideró que ya no podía continuar con el proceso que se determinaba en el decreto 571.

Gómez logró ser calificado en diciembre por la Superintendencia de Bancos como vocal de los trabajadores a través de una sentencia de un juez de Quevedo, pero un trabajador del Municipio de Mejía presentó una acción de protección para que el organismo de control no prosiga con el tema. Ese pedido que incluía una medida cautelar debió resolverse en audiencia el pasado 4 de enero. (I)