El presidente y fundador de New Stratus Energy (NSE), José Francisco Arata, ha tenido una agenda apretada entre reuniones con el Ministerio de Energía y el personal que actualmente trabaja en los campos 16 y 67 de la Amazonía, en los cuales Repsol es socio del consorcio que los maneja. Arata ha buscado explicar tanto al Ministerio como al personal en qué consiste la transacción de compra de acciones que hará NSE a Repsol y cómo busca ser parte del proceso de duplicación de la producción petrolera, propuesta por el Gobierno. Para ello, dice, cuenta con una inversión inmediata de $ 200 millones.

¿Qué implica la nueva solicitud que han ingresado al Ministerio de Energía en estos días?

Estamos aclarando lo que no se explicó la vez anterior, sobre en qué consiste la transacción. La idea es que New Stratus Energy (NSE) adquirirá las acciones de Repsol Ecuador, en España. Por lo tanto el ente jurídico, la operadora que es socia de un consorcio -que operan los bloques 16 y 67- no se vería afectada en ningún cambio. La empresa seguiría funcionando con su personal, RUC, con sus compromisos, con su capacidad financiera y técnica.

¿Se mantiene el nombre?

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Sobre el nombre se nos está pidiendo que en un plazo perentorio le podamos cambiar para no usar la marca Repsol. Pero esto no afectaría los derechos laborales de los trabajadores, la antigüedad permanece.

¿Cuál es la propuesta ahora para el Ecuador?

Estamos diciéndole al Gobierno que aún queda mucho crudo en estos bloques, pues el factor de recobro ha sido de apenas 18 %. En estos yacimientos puede recobrarse un 30 % a 35 %, pero se necesita inversión. Nosotros estamos dispuestos de hacer las inversiones de $ 200 millones en 2022 y 2023 para perforar 30 pozos y construir la infraestructura. La idea es no esperar que el contrato se revierta al Estado, que entre a licitación y que ese proceso demore 3 o 4 años. El consorcio sabe que le queda un año, ya no le está invirtiendo, no queda tiempo para el retorno de esa inversión. Si sabemos que vamos a tener una ampliación de contrato de quince años al menos, desde el próximo año podemos iniciar con el incremento de la producción.

Se ha conocido que tienen financistas internacionales. ¿Cómo funcionaría?

Hemos firmado una carta de intención con Goldman Sachs, entidad que nos está respaldando, desde cuando estábamos agrupados con Pacific Rubiales. Ellos consideran que este proyecto en Ecuador es sólido y que generará rentabilidad. Además tenemos una carta de intención con Baker Hughes, una de las más grandes multinacionales a nivel mundial que es contratista de esos bloques y suministra equipos de bombas electrosumergibles. Ellos conocen el potencial de los campos y nos han dicho que quieren ser parte del proyecto.

¿Va a seguir siendo la misma operadora a pesar de cambio de nombre y el Ministerio debe aprobar o no esa compra que va a suceder en España?

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No debería ser aprobado por el Ministerio, pues es difícil que pueda tomar una decisión en España. Sin embargo, en transacciones similares y por un hecho que ocurrió hace muchos años con Oxy, las empresas solicitan el beneplácito del Ministerio y que se verifique que el nuevo accionista cumple requisitos.

La vez anterior querían adquirir el paquete accionario de OCP, ¿ahora ya no?

Estamos focalizándonos en los activos de exploración y producción, en aumentar producción en los bloques 16 y 67, ahí podemos contribuir con Ecuador en aumentar la producción. El OCP es una participación pasiva en una operadora que lo está haciendo bien. Ahí no contribuiríamos en nada nuevo.

¿Qué gana Repsol, qué gana el Ecuador y qué ganan ustedes como New Stratus con esta propuesta?

Repsol está de salida, es una decisión corporativa por una reorientación de su política energética. Ellos no ganan nada. Ecuador gana porque van a empezar a llegar inversiones, garantizadas por el sector financiero internacional, que ya le está poniendo el ojo al país. Creo que con la propuesta que le estamos haciendo al Gobierno no solamente van a llegar inversiones directas, sino que se va a poner de moda Ecuador, como lo hizo Colombia en 2003-2004. La inversión de $ 200 millones, si se cambia al contrato de participación y calculando bajo un precio de entre $ 60 y $ 65, significaría al país unos $ 1.800 millones en quince años, sin arriesgar un solo dólar. Este cálculo es con base en el modelo de participación que ya existe en el Ecuador.

¿Qué pasa con los pasivos laborales y ambientales, y cómo reciben las comunidades de la zona su posible participación en esta nueva etapa?

Conversamos en la visita a la Amazonía con la comunidad waorani. Se mantendrán programas de salud, educación, cierta infraestructura. Ellos miran con interés que haya una continuidad en esos planes de responsabilidad social. Pues este ya era el último año, debido a la terminación del contrato. En cuanto a lo laboral, hay dos escenarios: si no hay extensión del contrato en 2022, se les liquida con todos los trabajadores con las indemnizaciones de ley, y para eso ya están provisionados los fondos tanto por NSE y por los otros socios. Si se da la renovación, aquellos trabajadores que ya están cansados se les liquidará, pero la mayoría que están interesados siguen a partir del 2022 en las mismas condiciones y las mismas ventajas que han tenido hasta ahora. En cuanto a lo ambiental, la empresa viene cumpliendo con las auditorías ambientales con normalidad.

En su primer intento se dijo que la compra de acciones costaría $ 5 millones, ¿ahora esas condiciones cambian?

Esos precios oscilan dependiendo de la fecha de cierre y de los precios del crudo. Cuando estábamos negociando la operación estaba dando pérdidas, pues los precios no alcanzaban para pagar la tarifa. Ahora la situación es diferente.

¿Qué pasará con la deuda de carry forward cuando termine el contrato?

En cualquiera de los dos escenarios (si se extiende contrato o se acaba en 2022) se extingue la deuda del Estado a la empresa. El carry forward para todo el consorcio es de $ 350 millones y el neto para Repsol es de $ 120 millones. Como ahora hay precios altos, el Gobierno está pagando parte de esa deuda. Sería de interés del Gobierno el poder negociar rápidamente el contrato de participación para no seguir pagando.

¿Como experto en temas petroleros, considera que es viable la meta del Gobierno de llegar a un millón de barriles para 2025?

Yo hablo por la experiencia que vivimos en Colombia. Cuando llegamos en 2004, la producción era de 515.000 barriles y no había inversiones por el tema de seguridad. Luego de la reforma del sector petrolero, empezaron a llegar inversiones. En ocho años se llegó a 1′030.000 barriles. La diferencia entre Ecuador y Colombia es que Ecuador tiene más potencial, pues tiene cuatro veces más de reservas y mejor infraestructura petrolera que la que tenía Colombia. Si se toman las decisiones, adecuadas, a través de contratos de participación y llegan las inversiones en bloques y áreas con reservas probadas y campos maduros, sí es viable duplicar, aunque el periodo de cuatro años se me hace corto. De hecho, queremos ser parte de esta película de levantar la producción. En Colombia nosotros fuimos responsables del 65 % de la duplicación. (I)