El Gobierno se ratificó en su propuesta original de la proforma 2021, que fue observada por la Asamblea el 21 de septiembre pasado. En un oficio de 31 páginas, entregado el lunes 4 de octubre, el presidente Guillermo Lasso le informó a la presidenta Guadalupe Llori la ratificación en la propuesta original de la Función Ejecutiva a la proforma presupuestaria 2021. Sin embargo, adjunta un alcance y respuestas a las once observaciones formuladas, explica.

La respuesta del presidente Lasso se da en medio de una polémica sobre los plazos para la entrega de dicho documento, pues según la Asamblea el plazo vencía el viernes pasado, y por tanto, la presentación del documento este lunes resultaría extemporáneo.

Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea y parte de la Bancada por el Acuerdo Nacional que es parte de la bancada de Gobierno, consideró ayer en una entrevista en Ecuavisa que, al haber incumplido el plazo el Ejecutivo, entonces la proforma que está en vigencia y que regirá hasta finales del año es la misma prorrogada del 2020. Explicó que una presentación tardía ya no es posible. Además, se mostró preocupado, pues dijo que hay fallas en el sector de asesores de Gobierno.

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Entre tanto, el documento entregado por la Presidencia explica de manera extensa todos los puntos que fueron observados por la Asamblea, pero no acoge ninguno de ellos. Entre los puntos estaba, por ejemplo, el cálculo del promedio de la inflación, que según el Gobierno será -0,05 %. La Asamblea pidió justificativos sobre este cálculo, y el Gobierno en su respuesta le presenta una serie de tablas realizadas por el INEC donde se ratifica el cálculo.

La Asamblea había puesto reparos al precio del crudo de $ 59,8 por barril establecido en la proforma 2021, considerando que estaba demasiado alto y que supuestamente con ello se estarían sobreestimando ingresos. Sin embargo, en la respuesta del Ejecutivo se le indica que a septiembre el precio se ha ubicado en $ 59,9, por lo que hay un 100 % de cumplimiento en dicho cálculo. En estos días el precio del crudo sigue al alza. También indica que los cálculos de volumen están en niveles correctos.

La Asamblea le había observado al Gobierno que no ha asignado suficientes recursos para pago de incentivos jubilares, asignaciones a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), universidades, Ley de Desarrollo Amazónico. Sobre el tema, el Ejecutivo ratificó los valores previstos en la proforma para todos esos ítems: entre ellos señaló, por ejemplo, la asignación de $ 178,1 millones para incentivos jubilares; $ 2.111,75 millones para la Seguridad Social (IESS, Isspol, Issfa); aunque indica que algunos de ellos están en proceso de convalidación.

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Sobre las dudas que se han generado en el interior del Legislativo sobre que supuestamente no habría subsidios a los combustibles por la vigencia de la banda de precios y que se estarían sobreestimando los subsidios en la proforma, el Gobierno les contestó que sí existen subsidios y que gracias a la aplicación de bandas esta cifra se ha reducido; pero que si no fuera por ello, dicho subsidio habría alcanzado los $ 2.683 millones. En cambio, lo presupuestado es $ 1.900 millones.

De lo que se puede leer, el alcance que se hace en el documento es puntualizar los niveles de endeudamiento que están establecidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Según ese código, en el periodo 2021-2024 los niveles de endeudamiento para el Gobierno central están en 56 %, 54 %, 52 % y 49 % respectivamente. En lo que se refiere al Sector Público no Financiero, los niveles son de 65 %, 62 %, 39 % y 56 % en ese mismo periodo.

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En el ámbito económico, en estos días la Asamblea también espera una respuesta del Gobierno sobre la no calificación por parte del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Ley de Creación de Oportunidades.

Sobre este tema, el asambleísta Saquicela explicó que el Gobierno haría mal en volver a mandar el mismo texto. Dijo que el presidente debe sintonizarse con lo que está pasando en la Asamblea y tratar de buscar puntos de consenso. Se quejó de que “no hay un interlocutor válido que sirva de vínculo entre el Gobierno y las bancadas, incluso con la propia bancada que apoya al Ejecutivo. También dijo que sería absurdo pretender que frente a la negativa del CAL ya está transcurriendo el plazo de 30 días para la ley urgente. Eso generaría problemas constitucionales y jurídicos en el país, dijo.