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Presuntos aportes con dinero de exportaciones ficticias por el Sucre a la campaña de Correa, uno de los hallazgos de Comisión de Fiscalización

Esta mañana y tarde se conoció en en ente legislativo el informe sobre el caso Sucre, que involucra operaciones de presunto lavado en Ecuador

El presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio dispuso este viernes que se conozca y vote el informe sobre el caso del Sistema Sucre que involucra operaciones de Alex Saab en Ecuador Foto: El Universo

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La posibilidad de que dineros de operaciones ilegales realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) haya llegado a la campaña del 2013 del expresidente Rafael Correa y una presunta lista de empresas y personas beneficiarias de dichas operaciones son parte de los hallazgos que contiene el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre este sistema de compensación.

En este caso son protagonistas Alex Saab, recientemente apresado en EE. UU. y su socio Álvaro Pulido, quien también es buscado por la justicia norteamericana. La trama se extiende a Ecuador por las exportaciones ficticias que se registraron a través del sistema Sucre.

Esta mañana y tarde la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del informe y varios de sus miembros hicieron aportes a este. Se esperaba en la tarde que procedieran con la votación.

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Se trata de un informe de 125 páginas en las que se resume una serie de comparecencias realizadas en días pasados al seno de la Comisión por parte de representantes de Foglocons, autoridades económicas de la época y actuales, de justicia, entre otros.

Las exportaciones bajo el sistema Sucre sumaron $ 2.697 millones, según datos del Banco Central. Gran parte de los dineros recibidos por las exportadoras tuvieron como destino final cuentas en el exterior. El informe dice que la Unidad de Análisis Financiero y Económico en un Reporte de Operaciones Inusuales del 2013 indicó que “en ocasiones el mismo día, estos fondos son reenviados al exterior o salen de las cuentas mediante el pago de cheques a través de otras empresas vinculadas”.

Entre los hallazgos aparece el nombre de Micaela Lehrer Alarcón, quien aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa en 2013. A partir del caso Arroz Verde, el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para Alianza PAIS. Este hecho fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio de 2019, dice el informe.

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Micaela es pareja y participante de los negocios de una figura clave de las operaciones de Alex Saab y Álvaro Pulido: Carlos León Ponte.

La Comisión sostiene que los operadores financieros de Saab y su socio Álvaro Pulido lograron sacar, al menos, $ 70 millones de los bancos nacionales y enviarlos a cuentas fuera del país. Así, Fondo Global de Construcción, desde sus cuentas en bancos locales, transfirió a la cuenta de la Casa de Valores de Panamá Clever Financial Investment Services (CFIS) $ 23 millones; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá $ 20 millones; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú $ 11millones; a la filial de CFIS en Ecuador $ 9,6 millones; a Windows World $ 6,7 millones. También hay operaciones “Sin Beneficiario” que recibieron $ 4,5 millones; a Inconeg S.A. $ 4,2 millones, incluso, a Miguel Centeno (relacionado con Muxidercorp S.A. y tío de Miguel Ángel Loor) le transfirió $ 736.002, entre otros beneficiarios.

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La Comisión dice que Carlos Felipe Pérez Castro, Guillermo Alfredo Montefusco Lange, Carlos León Ponte, Luis Sánchez Yánez, Luis Gusti Lugo, Luis Gusti López, Álvaro Pulido Vargas y José Sánchez Borja eran parte del directorio de Fondo Global de Construcciones. Carlos León Ponte y su pareja, Micaela Lehrer Alarcón, manejaron alrededor de $ 46,1 millones.

En las conclusiones y recomendaciones, la Comisión dice que ha logrado identificar el mecanismo de la participación de los funcionarios públicos, así como de las personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que ejercieron desde la creación del Sistema Sucre, hasta el año 2018, acciones que merecen ser investigadas por la justicia penal ecuatoriana, venezolana y desde luego de Estados Unidos de América. Este mecanismo “fue utilizado para plasmar toda una estructura jerárquicamente organizada y una red delictiva”, dice el reporte.

La Comisión presume utilización de forma contraria a la naturaleza propia de la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad.

Y se recomienda remitir el informe a la Fiscalía General para la investigación de posibles delitos como peculado y lavado de activos. Se le pide determinar responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendente de Compañías y de Bancos entre los años 2010 y 2014.

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Se le entregará también el informe al Tribunal Contencioso Electoral, así como al Consejo Nacional Electoral, para que abra una investigación al aporte de campaña del año 2013, realizado por la ciudadana Micaela Lehrer Alarcón al partido Alianza PAIS, “ya que presumiblemente dichos fondos provendrían de actividades ilícitas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre)”.

A la Contraloría se le pide realizar un examen especial a los fondos aportados por el Ecuador para el sistema Sucre, así como el manejo de la reserva internacional de libre disponibilidad.

Adicionalmente se le exhorta al presidente de la República para que denuncie el Tratado del Sucre. Se recomienda también remitir el informe a la justicia de EE. UU. y a la panameña.

Antes del tratamiento del informe, la sesión se inició con la moción de la asambleísta Gabriela Molina, de UNES, que pidió que no se apruebe el informe este viernes. Dicha moción no obtuvo los votos necesarios en el interior de la Comisión.

Entre tanto, la asambleísta socialcristiana Soledad Diab volvió a pedir que no se tratara el tema este viernes, sino el lunes, para tener más tiempo de analizar el informe de 125 páginas. Además, reclamó que no se les haya permitido a los asambleístas que son parte de la Comisión conocer los borradores parciales del informe. (I)

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