El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de la economía del Ecuador de 2,8 % en promedio entre el 2022 y 2026. Se trata de un pronóstico más optimista que el que se había previsto en las revisiones anteriores. Además se establece que la mejora de la economía podría acelerarse con base en el impulso de reformas estructurales en materia laboral, mercados de bienes, mercados financieros (que garanticen mejor acceso), y en las prácticas de gobierno corporativo del Estado para que sea más eficiente y transparente.

Así se indica en el reporte técnico (staff report) publicado hace pocos minutos por el Gobierno del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, que refleja la percepción del equipo técnico del organismo. La publicación incluye el texto de la carta de intención y una serie de previsiones macroeconómicas para los siguientes años.

Esta publicación se da luego de que el directorio del organismo aprobara, la anterior semana, la segunda y tercera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF) que mantiene con el país. El reporte reconoce, entre otros puntos, que Ecuador está creciendo más rápido de lo esperado, que hay acumulación de reservas internacionales, superávit en la cuenta corriente del país, cuentas fiscales que están saneándose y un sector monetario fortalecido.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, en el acuerdo con el FMI ha prevalecido la visión del actual Gobierno, que tiene un “horizonte más amplio” para estabilizar las finanzas públicas. De esta manera, el ajuste fiscal será menor al esperado en un inicio: 5,5 % del PIB se establecía en la revisión de diciembre de 2020, ahora será de 4,5 % del PIB. El mayor esfuerzo para estabilizar las finanzas públicas vendrá del lado del gasto público, que significará el 3,5 % del PIB, y tan solo 1 % del PIB provendrá de contribuciones tributarias.

También se establece de dónde vendrá dicho recorte.

  • 1,5 % del PIB por mejoras en el proceso de compras públicas, mediante la revisión de procesos, mayor transparencia y lucha contra la corrupción.
  • 0,9 % del PIB por menores gastos asociados con la pandemia, considerando que ­­durante 2020 y 2021 ya se utilizaron recursos para diversos programas de apoyo y el proceso de vacunación.
  • 0,9 % del PIB en racionalización del gasto corriente, cuidando a los servicios esenciales como salud, educación y apoyo a los más vulnerables.
  • Revisiones a los gastos de capital (inversión) y gastos en general con apoyo internacional. Reducción en el gasto asociado a los subsidios de combustibles y mejoras en el manejo de atrasos.

Entre tanto, la tarde del pasado 6 de octubre llegaron $ 802 millones como parte del acuerdo financiero con el FMI; se espera un siguiente desembolso de $ 700 para fines de año.

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Según las autoridades de Finanzas, los compromisos adquiridos no fueron “impuestos”por el FMI. Los cambios que se hicieron en relación con el acuerdo suscrito en el Gobierno anterior fueron en función de las necesidades del régimen entrante.

Hay al menos tres prioridades: aumentar la protección social a las familias vulnerables, transparentar el manejo de compras públicas y empresas públicas, y revisar el portafolio de créditos de la banca pública.

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Desde el ministerio se indicó que, como parte de la negociación, se reformularon las fuentes de ingresos fiscales. En el acuerdo de Lenín Moreno se indicaba que más de la mitad provendría de la recaudación tributaria y lo restante de la reducción del gasto público. En el actual, las tres cuartas partes llegarán del recorte del gasto público y solo la cuarta parte de los impuestos.

Para concretar este último tema es que se espera la aprobación de Ley de Creación de Oportunidades, en la que se establecen contribuciones temporales para personas naturales con un patrimonio superior a $ 500.000 y para empresas con patrimonios mayores a un millón de dólares y que hayan tenido utilidades y ganancias en 2020 más altas que en 2019, y un incremento en el pago tributario de las personas que ganan más de $ 24.000 al año. El proyecto, que fue enviado como económico urgente, fue devuelto al Ejecutivo por la Asamblea Nacional. Aún no está claro qué vía tomarán para insistir en este. (I)